El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, vigente entre 2007 y 2013, invirtió durante sus cuatro primeros años de aplicación 802,27 millones en las zonas rurales de la Comunidad, lo que supone el 40,85 por ciento de la financiación pública establecida para el conjunto de este plan, de 2.281 millones. Este grado de ejecución es tres veces superior a la media nacional, situada en 262,6 millones, y coloca a Castilla y León «a la cabeza» de España.
La consejera de Agricultura y Ganadería en funciones, Silvia Clemente, expuso estos datos en el Comité de Seguimiento del Programa regional de Desarrollo Rural en el Centro de Iniciativas Ambientales (PRAE) de Valladolid, en la que destacó que «se están cumpliendo los objetivos, las medidas son adecuadas, hay múltiples sinergias y un buen nivel de ejecución». Todo ello cuando la región es, junto a Andalucía, la que «más dotación y medidas» tiene.
Clemente explicó que ayer mismo se abría en internet un catálogo de buenas prácticas con el que Castilla y León dará a conocer los proyectos de desarrollo rural que son «un ejemplo» de cómo se aplica este programa para que sirvan como fuente de ideas para otras zonas de la Comunidad y para el resto de la UE.
Este catálogo, pionero en la Unión Europea, cuenta con una descripción detallada de ocho iniciativas, todas «ligadas a la creación de empleo y la puesta en marcha de nuevas actividades». «Castilla y León es un modelo de los magníficos resultados que están dando los fondos de la PAC», remachó Clemente.
El programa cuenta con un volumen financiero de 3.844 millones, de los que 2.281 corresponden a fondos públicos. Por primera vez, la Comunidad asume la mayor cuantía, en concreto 888 millones, el 38,9 por ciento del total, mientras que los fondos europeos Feader aportan el 37,2 por ciento y el Estado, el 23,9.
De los 802,27 millones ejecutados 360,23 corresponden al eje de medidas inversoras de aumento de la competitividad agraria y agroindustrial; 423,07 a la mejora del medio ambiente y del entorno rural; 12,83 millones al eje de calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural, y los 5,71 estantes a los programas de desarrollo local endógeno.
Estas actuaciones han beneficiado a 1.741 jóvenes que se han incorporado a la agricultura, a 3.744 agricultores que han anticipado su jubilación y a 13.429 productores que se han incorporado a nuevas prácticas agroambientales. Esto permitió que la región tenga garantizado por segundo año el cumplimiento de la denominada ‘regla n+2’, que otorga dos años más de los previstos inicialmente para poder realizar todas las inversiones.
