Guerra a la vista, y por sorpresa. Cuando parecía que el verano iba a transcurrir con tranquilidad, el final de mes promete emociones fuertes. Y es que el PP, que se ve crecido con su apabullante presencia autonómica, no se lo pondrá fácil hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al Ejecutivo, que no solo le cierra el grifo de la financiación apelando a la crisis, sino que le exige de modo inmediato el pago de las deudas, que en total ascienden a 18.736 millones de euros, debido a la liquidación negativa global de 2009 correspondiente al actual modelo de Financiación, aunque el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, recordó ayer, tras subrayar la «generosidad» de su departamento, que se podrá aplazar el pago. No tanto como propuso Génova: 10 años.
Las razones que se pueden encontrar para justificar esta sublevación, que ya se pudo atisbar el pasado lunes en el tenso encuentro entre la ministra Salgado y los consejeros de Economía de las regiones, son que la fecha electoral está cercana y los conservadores se están encontrando diversos agujeros. Ni qué decir tiene que otra autonomía no socialista, la catalana, también se ha rebelado solicitando también una moratoria, en tanto que Cascos, que quizás no quiere problemas con el PSOE, calla.
A juicio del Ejecutivo central, si no hubiera habido un nuevo modelo de Financiación, las autonomías hubieran dispuesto de 9.197 millones de euros menos en 2009, para bajar 2.400 en 2012, por lo que precisó que el aplazamiento es de un año y otros cinco de cadencia.
Por regiones, Andalucía es la que deberá pagar más: 4.637 millones de euros -el presidente Griñán optó por el silencio mientras los populares le acusaron de falsear las cuentas-, casi el doble que Cataluña, con 2.487.
La jornada de hoy se presenta de cuchillos largos. Las comunidades gobernadas por el PP tienen claro que condicionarán su compromiso de cumplir con el objetivo de déficit a que el Ejecutivo cumpla a su vez con los compromisos adquiridos con las autonomías en materia de financiación. La voz cantante fue la del jefe de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que también avanzó que lo que van a plantear a la ministra Salgado hoy es «buscar una fórmula para sanear el Sistema Nacional de Salud y cumplir la Ley de dependencia», ya que esto se come el 50 por ciento del gasto de cada región.
Chaves abronca
No se admiten devoluciones. Así se podría resumir la postura del Ejecutivo en el nuevo disgusto que le han dado las autonomías. El ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, avisó ayer a las regiones del PP de la «irresponsabilidad» que supondría que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy rompieran los objetivos «pactados» de consolidación fiscal.
Así, el político andaluz aseguró que dicha ruptura colocaría a España en una situación «muy difícil» ante los mercados internacionales y ante la UE, que cada vez miran con más recelo al Ejecutivo, como demuestran los castigos en forma de calificación y primas de riesgo.
A su juicio, no se puede asegurar que las CCAA sean un «problema a la hora de garantizar o lograr estos objetivos que España tiene que presentar en 2013 a la Unión», y lamentó que los populares «nunca hayan creído en el Estado Autonómico». Por ello, criticó las tendencias «recentralizadoras y renacionalizadoras» de Génova de devolver al Estado las competencias cuando «le interesan».
Así, Chaves comentó la «mala gestión» de la madrileña Esperanza Aguirre, porque sostuvo que se le ha multiplicado por cinco el gasto en Justicia, y el servicio sigue sin funcionar. Ésta llegó a reprochar al Gobierno que les dejaran tirados con la Dependencia.
