El Gobierno considera que lo más razonable es esperar a que pasen las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo y a la configuración del nuevo Ejecutivo en Castilla y León para la convocatoria de la Comisión Bilateral que ha pedido la Junta con el objetivo de analizar las vías que se abren para negociar la participación de la Comunidad autónoma en la gestión de la cuenca del Duero tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado esa competencia incorporada al Estatuto de Autonomía.
Esta es la posición del Gobierno central, según explicaron fuentes del Ministerio de Política Territorial, que dirige el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ante la petición formulada a través de sendas cartas del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a Rodríguez Zapatero, y del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al responsable del ministerio con competencias en la relación con las autonomías.
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, preside hasta el 1 de julio la Comisión Bilateral Junta-Estado, órgano donde se dictaminan las relaciones entre ambas administraciones y donde existe un grupo de trabajo de desarrollo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Además, el Gobierno central no ha terminado aún el análisis en profundidad de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la competencia sobre las aguas de la cuenca del Duero y de la cuenca del Guadalquivir que recogieron los estatutos de autonomía de Castilla y León y de Andalucía, según explicaron las mismas fuentes, motivo por el que explicaron que no se dan las condiciones para atender ahora a la petición de la Junta.
Sin embargo, las mismas fuentes garantizaron que el modelo que se adopte será igual para todas las comunidades, se tendrán en cuenta los estatutos y la singularidad y consideración de cada autonomía. Precisamente, el presidente de la Junta evidenció el pasado martes que Castilla y León sólo tiene un representante en la Conferación Hidrográfica del Duero (CHD), cuando el 98 por ciento de sus aguas discurre por la Comunidad.
Voluntad
El Gobierno central tiene voluntad de tener un contacto con las comunidades afectadas por la sentencia, añadieron las mismas fuentes, que insistieron en que el análisis detallado del fallo del alto tribunal no ha finalizado aún. El presidente de la Junta y el consejero de la Presidencia remitieron el pasado 5 de abril las cartas a Rodríguez Zapatero y a Chaves para ver si se puede negociar una fórmula constitucional que permita a Castilla y León tener «peso y protagonismo» en la gestión y usos del agua de la cuenca.
La Junta de Castilla y León mantiene que existe margen a través de la delegación o transferencia de servicios y funciones por ley Orgánica, que recoge la Constitución, después de que la participación en la gestión del Duero no sea posible a través del Estatuto de Autonomía, cuyo artículo ha sido declarado inconstitucional.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, manifestó el pasado martes, tras una reunión con los agentes sociales y económicos, que la Junta está dispuesta a acudir a esa reunión con el Gobierno incluso en etapa electoral, si fuera convocada la Comisión Bilateral. El representante autonómico recordó que los agentes, con quienes reafirmó el pacto de Comunidad, pidieron celeridad y que no se paren las negociaciones por la cita electoral.
A partir de julio, la presidencia de la Comisión Bilateral pasará de nuevo a la Junta, que sería la encargada de convocar la reunión si no se ha producido antes.
