Las sanciones que el Gobierno pondrá en marcha para las Comunidades Autónomas que no cumplan los objetivos de déficit podrían suponer la intervención por el Estado, que podría encargarse de tutelar los planes de reequilibrio de dichos territorios. Así lo adelantó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), quien explicó que las sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de las regiones.
«Puede llegarse a una intervención temporal», aseguró el dirigente, aunque matizó que el Ejecutivo no dejará que las Administraciones Públicas tengan problemas de liquidez «muy agudos».
Para evitar estos contratiempos monetarios, el Gobierno pondrá en marcha una nueva línea ICO, pendiente de concretar, para que los territorios puedan afrontar pagos pendientes con proveedores, entre otras cosas.
Precisamente el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya había garantizado en la mañana de ayer que el Estado «acudirá en auxilio» de las Comunidades Autónomas «con problemas» a cambio de que estas regiones se comprometan a elaborar un programa para cumplir con los objetivos de déficit.
El líder popular aseveró que el el Gobierno de España «no se puede desentender» de los problemas de otras Administraciones, y recordó que para que el país cumpla lo comprometido con Bruselas, también lo tienen que cumplir los Gobiernos autonómicos y locales.
«En consonancia»
El presidente del Ejecutivo se reunió ayer con el líder del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy y ambos políticos coincidieron en la necesidad de encontrar un «término medio» entre las medidas de consolidación fiscal para reducir el déficit y las reformas estructurales que fomenten el crecimiento económico y el empleo.
El jefe del Gobierno destacó, además, que los planteamientos de España están en «plena consonancia» con los que presentará el dirigente europeo en la cumbre del próximo 30 de enero.
Por su parte, Van Rompuy reclamó que se implemente una «estrategia antirecesión», así como esfuerzos tanto a nivel de la Unión Europea como de los Estados miembros.
