El Gobierno promoverá la dación en pago para familias con sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200.000 euros. Esta medida la aprobó ayer el Consejo de Ministros, en el que también se completó el mecanismo para que los proveedores empiecen a cobrar en mayo deudas con la Administración.
Con respecto a la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca contraída con el banco, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que «estas medidas buscan paliar la situación dramática de muchos españoles que lo han perdido todo», tras recordar que a 1,5 millones de familias no les llega nómina alguna, así como que 300.000 habían sido deshauciadas desde que comenzó la crisis.
Hay una tabla que atiende al lugar de residencia. Así, será de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de personas, y de 180.000 en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas, y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad.
Esta medida se incluye en un código de buenas prácticas para evitar el impacto social de los desahucios y se publicará hoy en el BOE. Se busca esta fórmula para familias que no puedan afrontar el pago de la renta con el 60 por ciento de todos sus ingresos.
El Gobierno limitará los intereses de moratoria a la suma de los pactados, al contraer la hipoteca (Euríbor) más un máximo del 2,5 por ciento de intereses de demora.
Los bancos se acogerán a este código de forma voluntaria, si bien una vez aceptadas las condiciones, su carácter será obligatorio durante al menos dos años, y serán vigilados por una comisión. Dentro de los incentivos fiscales para animar a las financieras a incorporarse a esta iniciativa figuran bonificaciones en la novación de la hipoteca para los casos de reestructuración de la deuda, y en las escrituras. Según la dirigente popular, «todos tenemos que hacer esfuerzos».
Desde la Asociación de la Banca se garantizó que las entidades tienen «la mejor disposición» para acogerse a esta iniciativa.
Por su parte, la Asociación General de Consumidores señaló que el código de buenas prácticas es «demasiado restrictivo», al tiempo que criticó su carácter voluntario.
Otra medida a la que se ha dado luz verde ha sido la puesta a punto del mecanismo diseñado para que las Administraciones públicas puedan acceder a préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones de euros para pagar sus deudas pendientes con proveedores a partir del mes de mayo.
Para ello, el Consejo aprobó la creación del Fondo que canalizará un crédito bancario, de un volumen en torno a la cantidad citada, avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los Ayuntamientos. El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagarán intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los Consistorios para devolverlo será de 10, con dos de carencia, mediante un mecanismo que ejecutará el Fondo para la financiación.
El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro. En la actualidad, el interés rondaría el 5 por ciento.
Según el Gobierno, se saldarán deudas comerciales de las corporaciones locales y se podrá aplicar también a los pagos pendientes de las comunidades, en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.
Así, esta medida propiciará una reestructuración ordenada de la deuda comercial de regiones y Ayuntamientos, ya que, según el Ejecutivo, es la «mayor operación» de refinanciación realizada en España. «Pocas cosas dañan tanto la confianza como que las Administraciones dejen de pagar», subrayó Sáenz de Santamaría.
