El Gobierno dará un plazo de tres meses a la Junta y al resto de comunidades autónomas para que aprueben un plan de reestructuración del gasto público que incluirá una revisión «exhaustiva» de todos los programas y políticas de gasto, así como una racionalización de las estructuras del sector público regional, del administrativo y del empresarial con el objetivo de «mejorar la eficiencia y reducir el gasto público».
Este es uno de los planteamientos que figura en la propuesta de un acuerdo marco con las comunidades autónomas sobre sostenibilidad de las finanzas públicas que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero y al que ha tenido acceso la agencia Ical. En el borrador del texto, el Gobierno pretende también ligar el cumplimiento de los objetivos de déficit a algunas de las transferencias de fondos que deba hacer el Ejecutivo central a las comunidades autónomas, vía presupuestos generales del Estado.
El texto, que se pretende aprobar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, enumera una serie de compromisos que asumirán todas las administraciones. Así, el Ejecutivo central se compromete a aprobar, antes del 1 de mayo, un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial estatal, lo que «conllevará las supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos que resulten necesarias». Sin embargo, fuentes de la Junta mostraron sus dudas acerca de la capacidad que pueda tener el Gobierno central para condicionar la estructura administrativa o empresarial de los Ejecutivos autonómicos.
Del mismo modo, el borrador refleja que el Gobierno «tendrá en cuenta» el cumplimiento de la senda de reducción del déficit que se acuerde para «graduar» algunas transferencias de fondos a las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado.
En el primer apartado se refiere a un esfuerzo «de consolidación fiscal y austeridad del gasto» que se concreta en un programa de reducción del déficit público al 3 por ciento para el conjunto de las administración en 2013 y que debe ser del 1,1 por ciento para las comunidades autónomas y del 0,2 por ciento para las corporaciones locales.
Economía obliga también a las comunidades a reforzar la información que transmiten al Gobierno central. El plan contempla también la creación de tres grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Uno, para efectuar un seguimiento de toda esta información. Otro, que deberá elaborar propuestas sobre la mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las comunidades autónomas y un tercer grupo se encargará de elaborar propuestas para reducir el absentismo laboral del personal al servicio de las administraciones públicas.
