A pesar de que solo 24 horas antes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuso de toda la atención política e informativa durante el pleno monográfico en el Congreso sobre la crisis económica, el inquilino de Moncloa prefirió retrasar hasta ayer el inesperado anuncio de otra pretendida gran iniciativa que ayude a conformar el nuevo modelo productivo por el que aboga el socialista. Sin que esté claro el motivo de tanto sigilo a la hora de presentar otro de los pilares del cambio económico global que ha de sacar al país de la recesión, lo cierto es que bajo el epígrafe de Ley para la Economía Social, el máximo dirigente del PSOE auguró que dicho texto estará en el Consejo de Ministros «antes del verano».
Justo el día en que la nueva comisión encargada de negociar con los partidos las bases de un gran acuerdo de Estado que permita capear los rigores económicos comenzó a redactar el documento que servirá como base a sus gestiones y emplazó a las formaciones para el próximo jueves, 25 de febrero, el jefe del Ejecutivo tomó una nueva iniciativa unilateral que, como explicó, tiene en su punto de mira a las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, asociaciones para discapacitados, centros especiales de empleo, y organismos similares. Durante un acto organizado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y ante sus ministros de Trabajo y de Sanidad y Política Social, Celestino Corbacho y Trinidad Jiménez, respectivamente, Zapatero justificó la futura regulación con el argumento de que en España no hay una necesidad «más imperiosa que la de frenar la destrucción de empleo y empezar a recuperarlo».
Sin concretar en exceso, el presidente del Gobierno sí explicó que la Ley para la Economía Social «ordenará y clarificará el marco normativo específico de sus entidades, reconocerá su importante contribución al desarrollo económico y del empleo, establecerá el compromiso de los poderes públicos por fomentar la economía social, definirá los canales de interlocución entre sus organizaciones representativas y las administraciones públicas y avanzará en la reducción de las trabas administrativas con las que se enfrentan sus empresas».
«Queremos que sea una ley pionera en el ámbito europeo», resaltó Zapatero para redondear sus ambiciosos planteamientos.
Tras afirmar que los destinatarios del articulado conforman «un sector muy importante para la economía, pero poco reconocido y poco valorado», el socialista recordó que las empresas de la que denominó «economía social» son, solo en España, casi 50.000, facturan 110.000 millones de euros y dan empleo a 2.350.000 personas, directa o indirectamente.
A modo de ejemplo, el responsable de la formación de Ferraz citó las sociedades laborales y las cooperativas, que constituyen una «fórmula pionera y destacada de la economía social, de largo recorrido y llena de posibilidades».
A la hora de definir a estas entidades, el presidente resaltó que se caracterizan «por hacer empresa de otro modo, de un modo participativo, solidario y socialmente responsable».
Por todos esos motivos, este tipo de compañías «están llamadas a tener un papel más intenso en el nuevo modelo productivo de economía sostenible».
Y si el papel constructivo correspondió a Rodríguez Zapatero, la ración de críticas socialistas al PP llegó apenas horas después por boca de la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, quien retó a la número dos de los populares, María Dolores Cospedal, a presentar propuestas en materia económica «hasta ahora inéditas y desconocidas».
A decir de Silva, dada la «inacción» del líder conservador, Mariano Rajoy, bien podría ser la secretaria general del principal partido de la oposición quien diera a conocer esas «iniciativas ocultas» para salir de la crisis a través de una moción en la Cámara Alta.
«¿A qué planes concretos y medidas o reformas definidas se ha referido estos días la popular?», se preguntó la del PSOE antes de subrayar que la «estrategia» de la formación de Génova contra la política económica del Gobierno es «inaceptable y de tomadura de pelo».
«Por lo mucho que se resisten a exponer sus planes, intuyo que no tienen pensadas dichas medidas o que éstas conllevan una serie de recortes de derechos sociales y por eso no quieren que se hagan públicas», precisó la compañera de Zapatero antes de censurar que los conservadores actúen y ataquen al Gobierno «con objetivos puramente partidistas».
