Mientras las escasísimas personalidades culturales que acudieron ayer a secundar el encierro indefinido convocado en apoyo al juez Garzón en la Universidad Complutense de Madrid siguen esperando a Pedro Almodóvar y otros intelectuales que dijeron apadrinar la iniciativa y que prefirieron no aparecer, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, trató ayer de aplacar las críticas unánimes hacia el Gobierno por su complicidad con las manifestaciones vertidas en el acto sindical para defender al magistrado de la Audiencia y proclamó que los ataques al Supremo, vertidos especialmente por el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, exceden «notoriamente lo razonable».
Cabe recordar que el otrora miembro del Ministerio Público, así como los líderes de CCOO y UGT, proclamaron que el alto tribunal está amparando el «genocidio franquista» y las «torturas» del régimen anterior por su decisión de juzgar por prevaricación a Garzón en relación con la investigación de las desapariciones de la dictadura.
Eso sí, tras recordar que la Fiscalía no considera que la conducta del togado, que intentó procesar a Francisco Franco hasta que se le notificó oficialmente su muerte, sea delictiva.
En tal sentido, sostuvo, en línea con lo proclamado reiteradamente por el Gobierno al que sirve, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se puede abrir juicio oral si no existe acusación del Ministerio Público o de la parte perjudicada y, por tanto, la Fiscalía defenderá ante el Supremo que las acciones populares -Manos Limpias, Libertad e Identidad, Falange y los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea- no están legitimados para «provocar» la apertura de juicio oral contra Garzón.
Para refrendar tales tesis, Pumpido llegó incluso a reclamar reformas legales para frenar lo que considera «fiscalías paralelas» dedicadas a la interposición de querellas mediáticas en asuntos «que tienen que ver con intereses particulares, de contenido más político que jurídico» y con las que trasladan a la Justicia problemas «que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal».
Al hilo, recordó la reciente y controvertida absolución de los directivos del periódico Egunkaria, y añadió que continuar hasta el fin un proceso penal cuando el Ministerio Público no aprecia delito solo sirve para prolongar «una indebida limitación de los derechos fundamentales de los acusados».
Aunque por razones bien distintas, tampoco se mostró muy satisfecho con las convocatorias en favor de Garzón el propio abogado defensor del titular del Juzgado central de Instrucción número cinco, Enrique Molina, quien declaró que tales actos «perjudican» a su cliente porque cualquier manifestación que se haga para perturbar el sosiego de un Tribunal de va en detrimento del propio encausado. Según indicó el letrado, Garzón «considera y siente que le perjudican las concentraciones de apoyo, que no son controladas por él» y reconoce que desde el momento que le han citado tiene que someterse a lo que son las reglas del juego».
Bastante menos humilde se mostró el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que asistió en lugar de honor al acto sindical en el que se acusó al Supremo de torturador, quien proclamó que «quien tiene que dimitir» es el presidente del PP Mariano Rajoy, al que «la corrupción le sale por las ventanas».
El número dos del vicepresidente Chaves, a quien muchos han criticado por considerar que su cargo es completamente inútil, argumentó que su presencia en la protesta en favor de Garzón fue «en calidad de ciudadano español y militante y representante de la dirección del PSOE, en un país libre».
Entretanto, los populares insistían en que la actitud del socialista fue «una indignidad», y exigieron de nuevo su dimisión inmediata.
