Mercedes Escudero, afectada por la sensibilidad química múltiple, y su marido Miguel Ángel López, han recogido cerca de 250 firmas de ciudadanos que como ellos reclaman que este síndrome sea reconocido como una enfermedad y quienes lo padecen tengan los mismos derechos que el resto de enfermos. Los firmantes apoyan un documento, ayer entregado en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se denuncia la situación de “desprotección” que dentro del sistema sanitario y social sufren las personas que padecen los afectados por la sensibilidad química múltiple (SQM) o la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos (EHS). “Se necesitan tanto medidas sanitarias como administrativas para que los afectados no queden sin cobertura prestacional”, consta en el escrito. La entrega se hizo ayer para coincidir con el Día Internacional de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química y Electrohipersensiblilidad y con la jornada en la que llevó al parlamento europeo una petición en el mismo sentido. En España ya se ha constituido un Comité Nacional para el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple, formado por trece asociaciones de enfermos, mientras que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad está trabajando en un documento de consenso sobre esta dolencia.
Las personas que padecen SQM manifiestan una severa intolerancia a la exposición a las sustancias químicas, incluso a niveles muy bajos de concentración. Actualmente, la química artificial tiene una presencia muy extendida en los productos más cotidianos, desde pesticidas a productos de la limpieza, pasando por productos de aseo personal, colonias, ambientadores, etc. Esta enfermedad provoca graves problemas neurológicos, respiratorios, dermatológicos, hormonales o cardiacos, lo que obliga a muchos de los pacientes a vivir confinados en sus casas, casi como “personas burbuja”, y a salir a la calle con mascarillas especiales. El 80% de los casos se registran en mujeres, debido a su mayor dificultad para eliminar los tóxicos del organismo.Para este colectivo, ver su enfermedad reconocida oficialmente por parte de las autoridades sanitarias, como ha ocurrido en Alemania, Austria y Japón, supondría un claro avance, ya que garantizaría la asistencia del sistema público de salud y de la Seguridad Social.
