El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, reconoció ayer su «poca confianza» en la Conferencia de Presidentes del 14 de diciembre, depare algo más que «una mera foto de familia» porque el Gobierno aún «no ha enviado ningún papel». No obstante, al término de la reunión convocada por el ministro de Administración Territorial, Manuel Chaves, para preparar el cónclave, valoró que al final se vaya a incluir un punto para analizar la situación del sector agroganadero, petición que realizó Castilla y León y que contó con el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el PP. La petición se amplió al sector de pesca y agua, según explicó.
Sin embargo, el consejero denunció que al final se rechazara la presencia de representantes de las organizaciones agrarias profesionales que deberían acudir a la cita, teniendo en cuenta la «profunda crisis» por la que atraviesa el sector y también la necesidad de alcanzar una posición de Estado para aprovechar la Presidencia de España de la Unión Europea el próximo año y lograr que la Política Agraria Comunitaria (PAC) se prolongue hasta 2013.
Tras pedir «seriedad y rigor», denunció que hasta el momento la Comunidad no ha recibido ninguna propuesta firme acerca del contenido del encuentro, excepto la documentación que recibió ayer, las grandes líneas del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible. En este sentido demandó que «se revise el incremento de impuestos», que supondrá sólo en la Comunidad 660 millones más de recaudación. En su opinión, la verdadera Economía Sostenible no sólo pasa por reducir la presión fiscal sino por reformas estructurales. Es más, trasladó al presidente del Gobierno que las reformas y el cambio de los modelos productivos no se hacen «a golpe de ley, sino invirtiendo en formación».
El portavoz defendió la inclusión de los temas que «de verdad afectan a los ciudadanos» y que básicamente coinciden con las competencias que gestionan los gobiernos autonómicos: sanidad, educación, servicios sociales y políticas activas de empleo, entre otros. «Hay que decir la verdad, que nos llega menos dinero para gestionar estas políticas».
