La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que realice un seguimiento exhaustivo a los empleados públicos que han sido vacunados contra la Covid con el lote ABV5300 de AstraZeneca, que fue retirado preventivamente por el Ejecutivo regional por supuestas deficiencias, “para asegurar que no se produzca ningún efecto grave, como procesos trombóticos y otros que pueden producirse, tal y como se ha comprobado”.
Un seguimiento que, según este sindicato, debería extenderse también a todos los empleados públicos que hayan sido vacunados con esa marca, algo que considera «imprescindible» tras anunciar el Gobierno de España la suspensión temporal de la aplicación de todos los viales de esa farmacéutica “por precaución”, durante 14 días, sumándose así a la decisión de una docena de países europeos, a la espera de que la Agencia Europea de Medicamentos investigue y compruebe los efectos adversos detectados y se garantice la seguridad de esa vacuna.
CSIF explica en un comunicado que que la decisión de la suspensión llega tras evidenciarse que algunas personas, de diversos países (incluida España), han sufrido un mismo tipo de trombo de unas características muy poco frecuentes, a las que les une el hecho de haber sido inyectada la vacuna de AstraZeneca.
El sindicato independiente, aunque no conoce el número exacto de viales que se han aplicado del lote más polémico, el ABV5300, sí tiene constancia de que se han inyectado a empleados públicos en Ávila, concretamente a bomberos y policías nacionales y locales; en Valladolid, a los policías locales; o a los funcionarios de prisiones de varios centros penitenciarios de la Comunidad (Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia).
En Segovia, tal y como ha publicado hoy la redacción de este periódico, algunos policías locales han sido vacunados con este lote de vacunas de AstraZeneca. Por el momento, los agentes no han tenido mayores síntomas más que los relacionados con la propia vacunación, como dolores de cabeza o fiebre.
Por ello, CSIF aconseja a los empleados públicos vacunados con esa farmacéutica que comprueben en su hoja de vacuna -si la tienen- o en la aplicación ‘Sacyl conecta’ el lote de la vacuna que les ha sido suministrada, o en su defecto que pregunten a Sanidad. “La Consejería y Sacyl deben informar de la vacuna que han puesto a cada uno de los empleados públicos”, ha remarcado CSIF.
El sindicato insiste en que quedan muchas preguntas en el aire que la Junta debe aclarar y sobre las que informar con transparencia, “ya que existe mucha inquietud”. Por ejemplo, si se va a aplicar la segunda dosis, también con AstraZeneca, o incluso con el lote paralizado; o si se puede realizar aplicar la segunda dosis con otra farmacéutica.
Por último, también quiere saber si el Ejecutivo autonómico se ha planteado hacer pruebas de coagulación, reconocimientos médicos y seguimientos a los vacunados con el lote supuestamente defectuoso, para vigilar posibles efectos secundarios relacionados con la vacunación; o si van a facilitar bajas, cuando se muestren efectos leves pero persistentes.
