La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, pidió hoy a la empresa Azucarera, propiedad de AB Sugar, que remunere el coste de la producción de remolacha en la Comunidad, la principal productora de España, como ocurre en otros países de la Unión Europea, como Francia, Italia, Alemania y Holanda, tras la eliminación de la ayuda autonómica de tres euros por tonelada debido a la reducción de un 17 por ciento en los presupuestos de su departamento para este año.
Al término de la reunión de la comisión sectorial para el cultivo de la remolacha, Clemente argumentó que la fase de “transición” originada a raíz de la reforma de la OMC del azúcar de 2006 está “superada”, por lo que este “gasto público”, acordado en 2008, “tiene que dejar de realizarse”. “Son las industrias las que en este momento tienen que dar un paso al frente de forma decidida. Acor y, sobre todo, Azucarera para remunerar el coste de producción de remolacha”, añadió la consejera, quien recordó que la primera “ya está pagando retornos a los socios”.
Estos incentivos o bonificaciones podrían pasar, como ocurre en otros países del entorno, por incentivos a la siembra, por pulpa, bonos de fidelidad, primas por retrasos en las entregas, prima a la calidad, o referenciar el precio del cultivo al de otros, como el trigo.
Para Clemente, esta remuneración “es algo imprescindible por parte de Azucarera” y se tiene que traducir “en la fórmula de pagar un complemento”. “La situación internacional lo permite. Es rentable producir azúcar porque los precios en el mercado europeo están muy por encima del precio de referencia establecido, 710 euros por tonelada de azúcar blanco frente a 400, y los productores tienen que percibir también el beneficio de un mayor precio del azúcar en los mercados”, recalcó Silvia Clemente.
La postura de Azucarera. Por su parte, AB Sugar sostuvo, en palabras de la propia consejera, que “todos los costes no son iguales y que las producciones son distintas en otros países”. Al respecto, la máxima responsable de Agricultura y Ganadería en la Comunidad matizó que “los costes de producción en otros países son ínfimamente más pequeños que en Castilla y León porque aquí hay un coste del regadío, compensado con una alta producción”.
Más tarde y a través de un comunicado la empresa Azucarera, propiedad de la británica AB Sugar, aseguró que “mantendrá el compromiso con sus cultivadores” a fin de “desarrollar acuerdos industriales con efecto a partir del 2014”, fecha del fin de la vigencia del acuerdo de 2008 que cubría las ayudas derivadas de la reestructuración de 2006.
Estas negociaciones, según informó la compañía, se llevarán a cabo “en el marco de los acuerdos interprofesionales” y reconocerán “dos hechos imprescindibles a largo plazo”, “la necesidad de contar con una industria productora de azúcar de remolacha competitiva y sostenible en España” y que “los agricultores obtengan unos ingresos estables y satisfactorios a medio y largo plazo”.
