La consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, consideró hoy en Burselas que todavía es “prematuro” dar por definitiva la cifra de 1.150 millones de euros anuales que Castilla y León pretende recibir a través de los fondos de la PAC en el próximo periodo (2014- 2020). “Ésta es nuestra reivindicación, pero las perspectivas financieras de la Unión Europea están en debate y es difícil saber qué va a pasar con la cifra de Castilla y León”, reconoció. Así, se comprometió a luchar no sólo en las negociaciones sobre el presupuesto europeo que se llevan a cabo en Bruselas, sino también en las reuniones en Madrid, donde se decidirá el reparto de las ayudas de la PAC dentro del Estado.
Silvia Clemente trasladó hoy a los eurodiputados Luis Capoulas y Michel Dantin, ponentes de los reglamentos del Parlamento Europeo sobre Pagos Directos y Desarrollo Rural y la OCM única, respectivamente, la posición común que el Gobierno de Castilla y León cerró con las organizaciones agrarias y todos los grupos políticos de las Cortes autonómicas frente a la reforma de la PAC. Una postura que recoge los puntos estratégicos que la región quiere incluir en la futura Política Agraria Común, que en estos momentos se está debatiendo a tres bandas en Bruselas –Parlamento, Comisión y Consejo Europeo- con el objetivo de llegar a un acuerdo político sobre la reforma en junio. En este sentido, afirmó que “hemos visto una gran receptividad ante nuestras posiciones, muchas de las cuales ya se han traducido en los informes de los eurodiputados”, declaró satisfecha, la consejera.
Menos tierras y no todas iguales
Uno de los puntos que más preocupan en Castilla y León es la propuesta inicial de Bruselas de aumentar la superficie susceptible de recibir ayudas europeas, que comportaría, de facto, que se diluyeran los fondos que recibe cada agricultor y ganadero. “El eurodiputado Capoulas nos ha confirmado que va a haber una limitación en la superficie”, celebró la consejera.
La reforma de la PAC propuesta por la CE también incluía crear una “tarifa plana” para que todos los agricultores europeos reciban el mismo nivel de ayudas comunitarias, independientemente de su región o su cultivo. Una propuesta que suscitó mucha reticencia en España, que temía un desplazamiento de fondos entre sectores y entre comunidades. “Es necesario que se limite la convergencia, para que no sea para dentro de España igual que a nivel externo”, dijo Clemente.
Leche y azúcar
En su encuentro con el eurodiputado Dantin, la consejera defendió la importancia de introducir instrumentos de mercado en momentos clave, como cuando se producen subidas repentinas de precio en los cereales y esto perjudica a los ganaderos. “Es imprescindible contar con una reserva estratégica de alimentación para animales, para los momentos en que se encarezcan los alimentos y, así, los costes de producción”, consideró.
Clemente también veló por aumentar el porcentaje de ayudas vinculadas a la producción. Un porcentaje previsto inicialmente en el diez por ciento y que el Consejo propone elevar hasta el 12 por ciento, pero que España, y una decena más de países, quiere que llegue hasta el 15 por ciento. “Hay sectores sensibles que reciben estas ayudas acopladas, y hemos pedido que en este listado estén sectores que nos preocupan a Castilla y León, como la ganadería intensiva de cebo, la apicultura y el sector equino de actitud cárnica”, explicó después de la reunión.
La consejera trasladó también la necesidad de que el sector lácteo cuente con “instrumentos específicos”, puesto que es un sector “muy sensible” que no se puede basar sólo en el sistema de precios, considera Clemente. “En Castilla y León el sector lácteo es insustituible en muchos territorios y hay un largo trabajo de modernización por parte de los ganaderos; por eso creemos que es necesario apoyarlo de manera concreta”, explicó, y añadió que Europa planteará nuevas propuestas para la viabilidad del sector lácteo, después que un estudio elaborado por la Comisión Europea apunte que la situación del mercado es peor de lo previsto.
Clemente también defendió que se prorrogue el sistema de cuotas de producción del azúcar hasta 2020, frente a la liberalización del sector prevista también para 2015. Una negociación que, según reconoció, es “controvertida”.
