La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, votó ayer en contra del documento sobre la reforma de la PAC que defenderá España en Bruselas (al igual que todas las comunidades regidas por el PP) porque, según dijo, no ha logrado el consenso suficiente para convertirse en una posición de Estado y lamentó que el presidente Zapatero no haya liderado el proceso «como lo ha hecho Sarkozy en Francia». Tras la Conferencia Sectorial de Agricultura, que presidió la ministra del ramo, Rosa Aguilar, en Madrid, la consejera acusó al Gobierno de haber perdido cuatro meses para lograr una posición de Estado y consensuada con las comunidades.
«Se ha pronunciado Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia… pero España, a pesar de su posición preponderante, todavía no tiene posición», lamentó Clemente, denunciando que mientras tanto la comunicación de la UE sigue su curso, con una reunión el próximo 17 de marzo que puede modificar las propuestas iniciales. «La posición española puede nacer obsoleta», señaló. En su opinión, el presidente del Gobierno debería haber liderado el proceso tal cual lo ha hecho Nicolas Sarkozy en Francia. «Cae por su propio peso», criticó Clemente. También «aclaró» a la ministra que «Castilla y León no está en campaña electoral sino defendiendo una PAC para todos los que perciben ayudas, 98.000 agricultores y ganaderos a título principal junto a los que se dedican a la llamada agricultura activa». «Es un tema mucho más serio que las próximas elecciones autonómicas», añadió.
La consejera resaltó que la propuesta no recoge demandas de la Comunidad que también «son fundamentales para el conjunto del Estado», como la incorporación de un análisis de impacto económico de la reforma, algo que la Consejería «ya demandó en enero», que la orientación de las ayudas directas se dirija a los sectores apoyados por la PAC, la puesta en marcha de medidas de intervención en el mercado para lograr precios justos así como el desarrollo de fórmulas de concentración comercial que mejoren la competitividad.
También apuntó que no está en contra de la protección de la biodiversidad y del medio ambiente pero subrayó que «no como eje principal». Además, resaltó la necesidad de mecanismos de intervención del mercado y puso como ejemplo el «gravísimo problema» que atraviesa la ganadería por el incremento del precio de los piensos. Asimismo, demandó una política de seguros: «España es el país que más avanzado, somos los mejores, por lo tanto podemos reivindicar en Europa una política de seguros integrales que garantice la rentas a los agricultores y ganaderos», explicó.
Castilla y León fue la comunidad que más propuestas planteó al primer documento elaborado el 27 de enero, que a juicio de la Consejería «no han sido tenidas en cuenta en la segunda propuesta». La Junta defendió que los objetivos principales de la reforma deben ser la producción de alimentos y fortalecer el aspecto competitivo de la agricultura y la industria alimentaria. Por el contrario, en el documento «tan sólo se hace referencia como posición española a los aspectos ligados a la simplificación y a que la agricultura debe desempeñar un papel activo e integrador en el mantenimiento del medio ambiente, de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático».
La Comunidad también «considera prioritario» establecer mecanismos que permitan utilizar los fondos de la PAC no utilizados o recuperados, especialmente en situaciones de crisis, así como mantener el nivel mismo porcentaje de participación de España en el gasto global de la PAC.
