El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer el Plan Económico y Financiero de Reequilibrio de Castilla y León, junto con los de otras seis comunidades, tras dejar fuera del presupuesto autonómico los 211 millones del Fondo de Convergencia incluidos por la Junta y que por ahora no serán transferidos. El Consejo consideró «idóneas» las medidas adoptadas por la Consejería de Hacienda, que permitirán a la Comunidad endeudarse, motivo por el que la consejera se mostró «satisfecha». Sin embargo, señaló que en la reunión se pudo escuchar un «clamor» de todas las comunidades para que el Gobierno pague «el dinero que debe del modelo de financiación», pero «su postura ha sido cerrada».
Del Olmo denunció que pretende «centrifugar el déficit del Estado a todas las comunidades». Así, explicó que la Comunidad reclama 724 millones (513 procedentes de los fondos de Suficiencia y 211 del Fondo de Convergencia), cantidad muy similar al nivel de endeudamiento. «Con el dinero que nos debe el Gobierno tendríamos un déficit cero», denunció la consejera, subrayando que «se pide un esfuerzo asimétrico».
Por este motivo, informó de que la Comunidad se mostró en contra de los objetivos de déficit planteados para 2011, 2013 y 2014. «No nos fiamos de lo que va a hacer el Gobierno esos años porque también puede reinterpretar la ley a su manera, como acaba de hacer ahora», señaló. Además, apuntó que parten de previsiones «irreales», con una «recuperación que sólo existe en la mente de la ministra». A pesar de esto, el CPFF informó favorablemente de la propuesta de objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades, que será aprobada definitivamente por el Consejo de Ministros.
La consejera destacó que ayer mismo el Senado dio luz verde a una moción de Entesa Catalana de Progrés, con el apoyo del PP y del PSC, que insta al Gobierno a pagar este año a la Generalitat los 1.450 millones del fondo de competitividad de 2011. «Si se lo dan a una comunidad lo van a tener que hacer con todas», apuntó. Así no descartó una moción del PP que recoja las demandas de la Comunidad, en este caso relativas a todo el montante que reclama la Junta. «No perdemos la esperanza, vamos a ver qué ocurre en sede parlamentaria», señaló.
En cualquier caso, si antes de septiembre el Gobierno no ha tomado una decisión la Junta mantiene intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional «e intentaremos una ejecución provisional, aunque será dificilísimo». «Está claro que el Gobierno quiere privar a Castilla y León de unos recursos que son nuestros».
Los planes aprobados corresponden a Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia, además de Castilla y León. En total, las medidas suponen un ajuste total de 4.283 millones. Según el Ministerio, garantizan la coherencia de las previsiones presupuestarias de estas comunidades con el límite máximo de déficit del 1,3 por ciento del PIB fijado para ellas dentro de la senda de consolidación fiscal. Su aprobación permite la autorización del primer tramo de endeudamiento con cargo al déficit de 2011, equivalente al 0,65 por ciento del PIB de cada comunidad.
