Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos de Castilla y León a lo largo de 2025 alcanzaron las 43.059, lo que supone un 3,7 por ciento del total nacional. Estas solicitudes, tramitadas ante los Colegios de la Abogacía de la Comunidad o en los juzgados, conllevan la designación de, al menos, un abogado de oficio.
Son cifras del XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Departamento de datos del Consejo General de la Abogacía Española sobre el servicio prestado en 2025, presentado hoy en Salamanca, y que confirma un año más la demanda creciente de este servicio, esencial para garantizar el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables. Al margen de Castilla y León, las comunidades autónomas con el mayor número de solicitudes fueron Cataluña, seguida de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, durante la presentación del Observatorio destacó “el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia”, como recoge Ical.
González subrayó que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados “constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”. Por tanto, insistió en reclamar una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una “mejora urgente” de sus condiciones laborales y retributivas.
Según datos nacionales, sin distinción por comunidades autónomas, a pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio, mientras que el número total de abogados aumenta de 148.867 a 149.515, 648 profesionales más, un crecimiento del 0,4 por ciento los adscritos al turno de oficio disminuyen. En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo, hasta los 38.871, frente a los 39.941 de 2024 o los 45.275 en 2020 a 38.871 en 2025, un descenso acumulado del 14,1 por ciento.
De los profesionales adscritos al turno de oficio, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento mujeres. Las comunidades autónomas con más abogados adscritos al turno fueron, por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Galicia, mientras Castilla y León se situó en 1.643 letrados.
“La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones”, destacó Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.
Evolución de los importes
La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento, hasta superar los 355 millones de euros. Este aumento se debe al incremento de las solicitudes y que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año.
Méndez destacó la necesidad de una nueva ley: “Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado”.
Protección de los vulnerables
El acceso a la Justicia Gratuita en España se basa en la valoración conjunta de la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, para determinar si dispone de recursos suficientes para afrontar los costes de un procedimiento judicial. Esta revisión la realizan las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen derecho a la Justicia Gratuita las personas que acrediten carecer de medios económicos suficientes conforme a los límites establecidos por la ley.
Con independencia de su nivel de ingresos, otros colectivos también pueden acceder: víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
“La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del Turno de Oficio. Si queremos preservar nuestro estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar”, concluyó el presidente de Abogacía Española.
