Castilla y León registró nueve fallecimientos por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos durante los cinco primeros meses de 2026, tres de ellos ocurridos en el mes de mayo, lo que sitúa a la Comunidad entre las autonomías con mayor número de casos y como la región del interior de España con más víctimas por esta causa, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Esta entidad ha alertado de esta situación coincidiendo con el inicio de la temporada estival y la apertura del periodo oficial de control sanitario de las aguas de baño. La Comunidad cuenta este verano con 32 zonas de baño naturales autorizadas repartidas en ocho provincias, ubicadas en ríos, embalses y lagos.
La entidad destaca que ninguna de estas zonas dispone de forma obligatoria y permanente de un servicio profesional de socorrismo, una circunstancia que, a su juicio, refuerza la necesidad de extremar las medidas de prevención y autoprotección. Además, considera “incomprensible” la ausencia de este servicio en una Comunidad que lidera el turismo de interior en España.
La federación recuerda que los entornos acuáticos naturales presentan riesgos específicos, como cambios bruscos de profundidad, corrientes, obstáculos sumergidos, bajas temperaturas del agua o dificultades para el acceso de los servicios de emergencia, factores que incrementan el riesgo de accidentes.
Ante esta situación, mantiene durante todo el año un programa de promoción de la seguridad acuática y prevención de ahogamientos dirigido especialmente a la población escolar. A través de charlas, jornadas educativas y campañas de sensibilización, busca transmitir conocimientos sobre identificación de riesgos, conductas seguras y actuación ante emergencias.
La federación defiende que la educación acuática debe desempeñar un papel central en las políticas preventivas, y recuerda que gran parte de los incidentes graves pueden evitarse mediante la formación y los comportamientos responsables. Asimismo, hacen un llamamiento a las administraciones, los ayuntamientos, centros educativos y a la ciudadanía para reforzar la cultura de la prevención y reducir el número de víctimas en los espacios acuáticos de la Comunidad.
