La Junta de Castilla y León mantiene su intención de presentar un recurso contra el Real Decreto referido al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, si bien, el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirma que eso no impedirá “aprovechar y exprimir al máximo” su contenido.
Minutos antes de participar, este martes en Valladolid, en un foro sobre vivienda organizado por el clúster Aeice, explicó que la Junta mantiene “diferencias importantes” con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el proceso seguido para elaborar el nuevo plan, porque entienden que no han participado como debieran, pese a ser las comunidades las que tienen las competencias en esta materia.
De la misma forma, Suárez-Quiñones trasladó, en presencia de la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio, María Teresa Verdú, que el Gobierno perdió una “magnífica oportunidad” para elevar la financiación, y argumentó que el Estado ha pasado de aportar un 75 por ciento a colaborar con un 60 por ciento, lo que implica que la Junta multiplique por seis los fondos que tendrá que facilitar, frente al dos del Gobierno.
Asimismo, el consejero explica que se trata de un plan “muy rígido” que establece unos “departamentos de inversión muy determinados”, lo que hace que se adapte “poco” a las necesidades de cada territorio. “No hay esa flexibilidad que permitiría sacarle más rendimiento, con todo y con ello nosotros vamos a aportar la financiación, los 152 millones”, dijo.
Precisamente, el consejero aseguró que el principal problema de la vivienda en España es la “retracción” del mercado del alquiler, originada a su juicio por la ley estatal de vivienda, que a su juicio ha introducido “temor” entre los propietarios, porque señaló donde se han aplicado las medidas de limitación de precios, previstas para mercados tensionados, han tenido un resultado negativo.
