Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que participó en los registros de las dependencias del grupo funerario El Salvador y en la posterior investigación de los hechos, confirmó hoy que Justo Martín, el trabajador que destapó el cambiazo de ataúdes en el momento previo a la incineración, no actuó solo y que esta práctica era conocida por la dirección de la empresa.
Este agente también confirmó las conclusiones de un informe elaborado en base a los consumos de gas, tanto del horno crematorio ubicado en el cementerio privado que El Salvador tiene en Santovenia de Pisuerga, como el del ubicado en Valladolid, en el tanatorio del Camino del Cementerio. En este sentido, remarcó que hubo un trasiego de cadáveres del tanatorio al crematorio de Santovenia.
Además, aseguró que con el informe de consumo de gas se verificaron las informaciones aparecidas en las anotaciones de Justo Martín, en las que indicaba que muchos cadáveres eran incinerados en Santovenia, aunque en el registro de la propia empresa y en la documentación que se entregaba a las familias, apareciera que la cremación se había llevado a cabo en las instalaciones del tanatorio.
Este inspector, que también realizó informes policiales en base a las libretas en las que entre los años 1995 y 2015 Justo Martín apuntó las incineraciones que realizaba y si se procedía o no al cambiazo del ataúd, también recalcó que es imposible que una persona sola manejara un cadáver. A su vez, fue tajante al asegurar que Justo no era quien encendía los ventiladores del horno del tanatorio para hacer creer a los familiares que la cremación ya había comenzado, o la persona que aconsejaba a las familias que no presenciaran el proceso, ni tampoco el trabajador que desde el horno del tanatorio de Valladolid cargaba el féretro en un coche fúnebre y lo llevaba hasta las instalaciones de Santovenia. “Todos los informes policiales acaban confirmando la presunción de veracidad de de los datos de Justo Martín”, aseveró.
A preguntas del fiscal, también confirmó que Justo Martín tenía anotados un total de 5.308 cambiazos de féretros, así como la reutilización de casi 800 adornos florales, y que junto a esta documentación también guardaba centenares de fotografías de los cadáveres a los que se había cambiado el ataúd. Al mismo tiempo, indicó que en una memoria USB se encontró un documentó escrito por el propio Justo en el que se detallaba el modus operandi y en el que se señalaba que tanto el propio responsable de la funeraria, Ignacio Mochón Alonso, como sus hijos y el personal de administración, conocían esta práctica fraudulenta.
Según relató el inspector del CNP, en ese mismo documento el propio Justo Martín pide perdón, pero argumenta que se ve obligado a realizarlo, ya que en caso contrario tanto él como sus compañeros perderían su trabajo. A su vez, también aseguró que sus compañeros le indicaron que una vez que él se jubiló, los cambiazos seguían produciéndose.
Por otra parte, a preguntas de la acusación, manifestó que el único beneficiario de esta práctica era la empresa y que los trabajadores se veían obligados a seguir las instrucciones de Ignacio Morchón Alonso.
Este martes también declaró otra inspectora de Policía que analizó la documentación contable incautada en los registros de las oficinas de la calle Angustias, quien aseguró que a través de Crisva, una empresa de carpintería que apenas tenía actividad en su sede del polígono de la Mora, en La Cistérniga, se suministraron ataúdes a El Salvador -más 1.800 solo en el año 2004- que habían sido adquiridos como incompletos por tener defectos.
Además, se refirió a facturas fantasmas y “anomalías” contables, y aseguró que se pagó y declaró un IVA que no se justificaba con la mercancía realmente entregada. La administradora de esta empresa, que funcionó entre 2001 y 2004, comenzó siendo una sobrina de Ignacio Morchón Alonso, pero después acabó en manos del fundador y director de la funeraria.
El juicio continuará el próximo lunes, 11 de mayo con la declaración de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la operación y de funcionarios del Servicio de Aduanas.
La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
