La Junta de Castilla y León recurrirá en los próximos días el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes habilitado por el Gobierno de España al entender que es contrario a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación. También cuestiona el procedimiento habilitado para la acreditación de las condiciones exigidas sobre la residencia en España.
El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha adoptado esta decisión durante la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, una vez examinada la normativa, sin bien todavía no han determinado el cauce judicial más oportuno para ello. Si acudieran al Tribunal Constitucional se requeriría un informe del Consejo Consultivo, no así si optan por la vía del Supremo.
Así lo confirma el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Con este paso, Castilla y León se pone en sintonía con los pasos dados por otras comunidades autónomas, que prevén acudir al Tribunal Supremo e incluso solicitar la suspensión cautelar del proceso de regularización, que ya ha comenzado formalmente y que se extenderá hasta el 30 de junio.
Fernández Carriedo explica que el recurso se presentará en defensa de los intereses de la Comunidad, así como del conjunto de los ciudadanos. En los aspectos normativos, a la espera del informe de los servicios jurídicos de la Junta, el portavoz apunta a la normativa europea, ya que considera que la regularización afecta a la unidad de frontera y la libre circulación de ciudadanos en la Unión, lo que conculcaría -dijo- el derecho comunitario.
Carriedo aseguró que no conocen el número de personas que podrían acogerse a esta vía extraordinaria en Castilla y León -entre unas 25.000 y 30.000 según CCOO-, el portavoz sostiene que el volumen de beneficiarios estimado por el Gobierno, en torno al medio millón, podría tener un impacto muy importante sobre el conjunto de los estados miembros, dada la posibilidad de moverse de un estado miembro de la Unión Europea a otro.
Igualmente, el Gobierno de Castilla y León cuestiona también el mecanismo establecido por el Gobierno para acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de este año. Según Fernández Carriedo, no se garantiza de forma correcta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto. Y censuró que se pueda acceder a la regularización con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl de la Comunidad.
Sin diálogo
Por otra parte, el portavoz de la Junta asegura que este Real Decreto refleja cómo actúa el Gobierno de España, a quien reprocha que haya aprobado una regularización extraordinaria sin diálogo con los ayuntamientos o las comunidades autónomas. De la misma forma, afea al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esta normativa no haya tenido ninguna participación de los diferentes órganos, ni tampoco control parlamentario.
Por el contrario, Fernández Carriedo ha defendido el modelo de inmigración ordenada. Ha asegurado que son bienvenidos aquellos que lleguen a la Comunidad para trabajar y contribuir al desarrollo de esta tierra, ya sea mediante el alta a la Seguridad Social o el pago de impuestos.
No obstante, el consejero reconoce que las empresas buscan sin éxito personal para cubrir algunos puestos, pero que la puesta en marcha de esta regularización no garantiza que las personas que obtengan su residencia en España se ajusten a los perfiles demandados.
Finalmente, Carriedo recordó que Castilla y León acaba de marcar un récord de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con más de 101.000 y un ritmo de crecimiento superior a la media nacional, tanto en la evolución interanual como mensual.
