La Diputación Permanente de las Cortes se reunirá el próximo lunes, 2 de febrero, para abordar la convalidación del decreto-ley que recoge la actualización del salario de los empleados públicos durante 2025 y 2026. Este órgano, que asume la dirección de la cámara tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el 15 de marzo, se reunirá a partir de las 11.30 horas, según ha acordado la Mesa este lunes, tras escuchar a los portavoces.
Según informan fuentes parlamentarias, la Diputación Permanente se reunirá para convalidar el decreto-ley, aprobado por la Junta el pasado 18 de diciembre y que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. Este trámite debe realizarse en los 30 días siguientes a su promulgación para evitar que decaiga.
La sesión se abrirá con la intervención del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, para presentar el texto del decreto.
La medida contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1,5 por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más este año. Los importes correspondientes a 2025 se abonarán este mes, en el que ambos aumentos ya se verán reflejados en las nóminas. Cabe recordar que supone la extensión a la Comunidad de una cuestión de normativa básica del Estado.
La actual Diputación Permanente está formada por los seis miembros de la Mesa: el presidente, Carlos Pollán, los vicepresidentes Francisco Vázquez y Ana Sánchez y los secretarios Diego Moreno, Rosa Ayuso Esteban y Fátima Pinacho; los cinco portavoces de los grupos -Ricardo Gavilanes (PP), Patricia Gómez (PSOE), David Hierro (Vox), Luis Mariano Santos (UPL-Soria YA) y Francisco Igea (Mixto). A todos ellos se unen cuatro procuradores ‘populares’ -Mercedes Cófreces, Miguel Ángel García Nieto, Óscar Reguera y Carmen Sánchez Bellota- y tres socialistas -Nuria Rubio, Pedro González y Virginia Jiménez-.
Entre otras funciones, este órgano ejercerá, de acuerdo al artículo 56 del Reglamento, cuando corresponda, el control de la legislación delegada. Podrá acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad o el planteamiento por la Junta de Castilla y León de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, en supuestos de urgencia, siempre que se pronuncien en tal sentido la mayoría absoluta de sus miembros.
Finalmente, según marca el artículo 58, dará cuenta al Pleno de las Cortes, en la primera sesión ordinaria tras las elecciones, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas.
