Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado en Ávila y Madrid una organización presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el comercio de hidrocarburos, llegando a defraudar cerca de 300 millones de euros. Hasta el momento hay ocho detenidos y una decena de investigados.
Al mismo tiempo, se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo. Además, en una vivienda de la capital abulense se localizó una fábrica clandestina de armas de fuego y munición de guerra. A los ocho detenidos y a los investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.
Según fuentes del CNP, la investigación comenzó a principios de 2023 cuando los agentes tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales. Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con el pago de IVA.
Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización criminal detrás de ambas operadoras petrolíferas. El entramado criminal ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor del mercado.
Avanzadas las averiguaciones, comprobaron cómo esta red criminal podía vender el carburante incluso a precio inferior al de adquisición, es decir, realizando venta a pérdidas. Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor.
Por otro lado, tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio –el cual suponía además otro impago de alrededor de 40 millones de euros- en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico.
Los investigadores comprobaron que esta red criminal contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, técnica poco común en el sector, puesto que lo habitual es que contraten los servicios de terceras empresas. Además, la organización, fruto de los beneficios ilícitos obtenidos con el primer operador petrolífero, pudieron crear y dar de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal. Asimismo, llegaron a crear hasta un tercer operador petrolífero, si bien fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales por la AEAT con celeridad, motivo por el cual la cantidad defraudada de este no llegó a alcanzar cuota de delito.
La organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial. En el último escalón se encontraban los trabajadores, de los que muchos desconocían la actividad criminal llevada a cabo.
Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros, a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias.
