Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley que inste al Gobierno a derogar la Ley de Vivienda estatal de 2023, que “está provocando inseguridad jurídica, reducción de la oferta de vivienda de alquiler y subida de precios a máximos históricos”, tal y como explicó la procuradora del Grupo Popular Mercedes Cófreces, defensora de esta proposición. Minutos antes, el Parlamento había rechazado una PNL presentada por el PSOE, también gracias a los votos en contra del PP y Vox, que reclamaba la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo en coordinación con ayuntamientos y diputaciones; una ley autonómica, adherirse al plan estatal y recuperar la promoción pública protegida.
Se contrapusieron dos modelos en materia de vivienda. Por un lado, el presentado por el PP, que Cófreces defendió en su iniciativa, en la que señaló que desde 2017, desde que Pedro Sánchez “llegó a La Moncloa”, el precio de venta y alquiler se ha elevado un 70 por ciento en España y siete de cada diez jóvenes que trabajan “no pueden emanciparse por el alto precio del alquiler, con una oferta cada vez más escasas y precios más altos”.
La procuradora se preguntó que “para no tener competencias el Gobierno, desde 2023 que se aprobó la ley estatal el mercado del alquiler ha perdido 120.000 inmuebles, 40.000 de ellos en Cataluña, donde se ha aplicado la zona tensionada”. “Lejos de atajar un problema que afecta a todos, Sánchez ha aprobado una ley de vivienda ideológica, errónea, intervencionista, que beneficia al okupa; aumenta las cargas fiscales sobre la vivienda. El PSOE elabora un plan estatal sin el diálogo con las autonomías, que tienen competencias; y ha incumplido las 184.000 viviendas anunciadas en 2023, en plena campaña electoral”.
Cófreces rechazó, asimismo, la enmienda de adicción planteada por Vox, dado que la propuesta de resolución del PP, articulada en siete puntos, “va destinada a corregir este cuello de botella en España del mercado de la vivienda”; y comentó que de mil millones de euros invertidos en esta legislatura en vivienda, 600 han sido de “presupuesto propio de la Junta”.
Respondió el socialista Pedro González, que insistió en que la Junta “solo utiliza mociones como esta, que solo defienden los intereses de los grandes tenedores, mientras el PSOE, las de intereses de los más necesitados”. “No cuenten con nosotros con esta iniciativa”.
Miguel Suárez Arca, de Vox, que enmendó las dos PNL del PP y PSOE, solicitó votar por separado la propuesta ‘popular’, porque “coincide” en algunos puntos con su posición. Sin embargo, afeó a Cófreces que pida en la iniciativa rebajas fiscales al Gobierno central, pero “ustedes lo pueden hacer en Castilla y León mediante bonificaciones y liberalizar los usos del suelo”. “Háganlo”, instó.
Más duro fue con la propuesta del PSOE: “No encontramos nada salvable”, apuntó, para anunciar una enmienda de sustitución, rechazada por la procuradora Laura Pelegrina, ya que según Suárez Arca, recoge la “creación de un chiringuito, una ley de vivienda plagada de brindis al sol que no dicen nada; la aplicación de la ley estatal de vivienda, obviando sus efectos perniciosos; condenar a una generación y la intervención del mercado, que es lo que quieren ellos”.
Arca apeló al “problema de acceso al crédito” para que los ciudadanos puedan “volver a tener préstamos para acceder a la vivienda”. “Pasamos de la España de los propietarios a la de los desposeídos; y vamos camino a la España de los precarios, donde la vivienda en posesión solo la disfrutarán los que hereden”.
Por su parte, Francisco Igea criticó la puesta en marcha de bonos, porque “se los llevan los fondos buitre y grandes tenedores”; y consideró que el “problema es que no se ha construido”.
