El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, exigirá al Gobierno central que “renuncie a su objetivo de establecer un cupo separatista y a la fragmentación de la agencia tributaria a nivel estatal”, según apuntó a las puertas del Ministerio de Hacienda, donde se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Una cita en la que el Gobierno se reúne con las Comunidades para presentar su propuesta de senda de estabilidad para el período 2026-2028, lo que está considerado como el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Para Carriedo el “cupo separatista” es un precio político que tiene que pagar el Ejecutivo a los partidos independentistas por su respaldo parlamentario, por lo que considera que ahora es “un buen momento” para retirar esta iniciativa ya que el Gobierno “ha perdido el apoyo de los partidos separatistas”.
Según subrayó, este “cupo” es “perjudicial para la unidad, para la igualdad y para la solidaridad entre todos los españoles”. “Debemos empezar a negociar entre todos de forma multilateral porque lo que es y afecta a todos tiene que negociarse a nuestro juicio entre todas las comunidades autónomas de España”.
Carriedo insistió en el que objetivo es que “el Gobierno cambie de opinión y se dé cuenta de que hay otra forma de hacer las cosa. Y esa otra forma pasa por tratar a todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad, no negociar solo con unos partidos separatistas y luego intentar extender y aplicar ese modelo al resto de España”.
A pesar de la oposición del Gobierno regional a este proyecto de Hacienda, Carriedo recordó la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica “que terminó su vigencia en el año 2014 y lleva once años ya caducado”. Sin embargo, volvió a hacer hincapié en que la negociación “se produzca entre todos y no solo con alguno y luego aplicar ese modelo al resto de territorios”.
“La posición de Castilla y León es muy concreta en lo que tiene que ver con la deuda y la condonación de la deuda para las comunidades autónomas. Nuestra posición es claramente contraria”, avanzó Carriedo que considera que la iniciativa del Gobierno “crea un precedente perjudicial para el conjunto de las comunidades autónomas”.
En este sentido, explicó que “tampoco es como tal una condonación porque lo que se hace es que lo que se debía por las comunidades autónomas ahora lo pasa a deber el Gobierno”. “Por tanto el conjunto de los ciudadanos siguen asumiendo esta deuda, incluso en el caso de Castilla y León es más endeudamiento del que teníamos antes”, enfatizó.
En lo referente al reparto de algunos impuestos, que también ha creado polémica entre las comunidades, Carriedo indicó que en la anterior reunión “se aplicó un criterio en donde el Gobierno solo obtuvo el apoyo de una única comunidad autónoma”. “El modelo de voto permite al Gobierno sacar adelante algo con una única comunidad autónoma porque el Gobierno tiene la mitad de los votos, pero nos parece oportuno que en el acta quede claramente reflejado que en ese acuerdo solo una comunidad autónoma estaba a favor y el resto de las comunidades autónomas no lo apoyamos”.
