El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy, por un estrecho margen, un límite de gasto no financiero para 2026 de 14.183 millones de euros, que será la base del nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, que deberá registrar de nuevo la Junta tras inadmitirse el presentado la semana pasada.
De esta forma, el voto favorable del Grupo Popular y los dos procuradores no adscritos -Ana Rosa Hernando y Javier Teira-, junto a la abstención de los socialistas, Soria YA y Por Ávila, permitieron que saliera adelante a pesar del ‘no’ de Vox, UPL, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, que previamente había anunciado un ‘sí’.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tomó la palabra para presentar el acuerdo adoptado por la Junta el pasado 9 de octubre y pedir el apoyo de la cámara a un ‘techo de gasto’ “realista y prudente”, que sostuvo abrirá el debate en torno a las “iniciativas” presupuestarias, si bien para ello se deberá registrar un nuevo proyecto de ley. “Tendemos la mano a todos los grupos”, dijo, para alcanzar un “buen acuerdo” ya que sostuvo los ciudadanos demandan “responsabilidad”.
Igualmente, el titular de Hacienda hizo una defensa de los presupuestos de 2026, que no se han admitido a trámite en las Cortes al no estar aprobado el ‘techo de gasto’ y avalada la sección 20 por la Mesa, si bien argumentó que se habían llevado al parlamento para facilitar el “debate” y la “transparencia”.
El ‘techo de gasto’ de 14.183,28 millones se incrementa en 692 millones respecto al aprobado en 2025, lo que supone un 5,14 por ciento más y la cifra más alta desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud. Contempla unos ingresos no financieros de 14.122,12 millones, junto a los recursos asociados al déficit, que equivalen a 82,9 millones, al representar una décima del Producto Interior Bruto (PIB). A esta cantidad se le restan 21,73 millones de ajustes de contabilidad. Además, se ha calculado una ratio de la deuda inferior al 18,5 por ciento del PIB.
La Junta incluye un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento del 2,2 por ciento, una previsión de tasa de paro del ocho por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 por ciento. Estas previsiones fueron avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Salud mental
El pleno de las Cortes aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular para reforzar y ampliar la atención a la salud mental en Castilla y León, si bien durante el debate se lanzaron críticas tanto a la Junta, como al Gobierno de España, por la falta de recursos económicos, medidas y profesionales sanitarios.
La iniciativa insta a la Junta a promover campañas de concienciación, sensibilización y lucha contra el estigma, especialmente en entornos educativos, laborales y sanitarios, así como reforzar los programas de prevención del suicidio. También pide acercar la atención al medio rural, proporcionando consultas de salud mental presenciales en los centros de salud, e impulsar la digitalización de los servicios, para mejorar la coordinación intersectorial y el acceso remoto a atención psicológica.
Igualmente, demanda consultas de psicogeriatría en todas las áreas de salud. Además, reclama al Gobierno que garantice la dotación de profesionales especializados, así como financiación suficiente.
Además, el Pleno tomó en consideración la proposición de ley del Grupo Popular para extender a 2026 y 2027 la bonificación del 95 por ciento de las tasas veterinarias, así como del cien por cien de las licencias de caza y pesca y otros certificados de profesionalidad. La oposición, casi en pleno, respaldó la tramitación de la norma, a la que solo se opuso el procurador Francisco Igea, y que contó con la abstención de Pablo Fernández, de Unidas Podemos.
