La Junta incorpora a las principales Organizaciones Profesionales Agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) a un grupo de trabajo para diseñar medidas que permitan “minimizar” los riesgos de los incendios forestales en el futuro y ser “más eficientes”, con un modelo basado en una mayor agilidad en los trámites administrativos, menos burocracia y una “mejor” gestión de los montes.
Este viernes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo un encuentro con responsables de Asaja, la Unión de Campesinos de Castilla y León, con la alianza UPA-COAG y las cooperativas, en la que se repasaron las ayudas puestas en marchas y que saldrán próximamente para ayudar a los afectados por los incendios.
Al término de la reunión compareció la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien explicó que la Junta quiere avanzar a partir del diálogo, el consenso y la escucha de las necesidades de la gente que vive en el territorio.
Asimismo, González Corral subrayó que más allá del plan de impulso a la ganadería extensiva, que se presentará en los próximos meses, la Junta trabaja ya en las concentraciones parcelarias de las zonas afectadas por las llamas para impulsar la reordenación del territorio, así como en analizar la construcción de balsas en municipios con alta densidad de ganado, que sirvan además como punto de acopio de agua en caso de incendio.
También la Junta, de la mano de Medio Ambiente, señaló que se trabajará en la reforestación de ejemplares de castaños, nogales y otras especies arbóreas. Otros de los compromisos de Fernández Mañueco, según Asaja, es facilitar que se puedan utilizar los pastos y que se puedan cobrar las ayudas de la PAC (Política Agraria Común), así como avanzar en el desbroce para ganarle “terreno al monte”.
Propuestas
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, pidió cortafuegos “amplios y limpios” y que las administraciones limpien cauces y arroyos para que frenen el avance de las llamas, además de que se escuche a agricultores y ganaderos a la hora de diseñar la limpieza y ordenación de los montes. También aprovechó para reclamar al Ministerio de Agricultura ayudas que complementen las puestas en marcha por la Junta.
El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, planteó la necesidad de acometer concentraciones parcelarias del “mosaico” de parcelas actuales, más desbroces, así como aumentar la cabaña ganadera. También demandó cortafuegos adaptados a los incendios de “sexta generación” y a las características de cada territorio, así como facilitar la autorización de las quemas controladas.
En nombre de UPA y Coag, Lorenzo Rivera, afirmó que las soluciones pasan por modificar la ley de montes, la repoblación y las ayudas a la ganadería extensiva. También reclamó más medios mecánicos y humanos aunque supongan un “coste económico fuerte”. Además, valoró que se incorpore a los apicultores a las líneas de ayudas para paliar los daños de los fuegos.
“Anillos de seguridad”
La Junta y las nueve diputaciones acordaron dotar de una especie de “anillos de seguridad” o “cortafuegos” a todos los municipios para evitar que en el caso de que se produzca un incendio forestal, las llamas lleguen a las casas y se genere una situación de peligro.
Para ello, el Ejecutivo autonómico se compromete a financiar al 100 por 100 la compra de maquinaria por parte de las instituciones provinciales, así como a subvencionar la elaboración de planes municipales de prevención y evacuación y a la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego.
El presidente de la Junta planteó estas medidas a los presidentes de las diputaciones de la Comunidad y se comprometió a convocar otra reunión técnica en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para estudiar las fórmulas que permitan facilitar y flexibilizar la normativa con el fin de permitir la intervención de los ayuntamientos en la limpieza y cuidado de sus entornos.
Fernández Mañueco ofreció financiar desde la Junta “sin límite, dentro de la racionalidad”, la compra de la maquinaria pesada -bulldózer, retroexcavadora o motoniveleadora- que se precise, con el compromiso de las diputaciones de ponerla a disposición de los servicios autonómicos en los periodos de riesgo de incendios. El objetivo del presidente es desarrollar estas medidas antes del próximo verano, si bien comenzarán por los 714 municipios que presentan un alto riesgo de incendios.
Así lo trasladaron en una comparecencia conjunta el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén. Ambos trasladaron que el eje de estas medidas son la seguridad y la protección y salvaguarda de la vida de las personas, así como la escucha a los municipios y los vecinos del territorio tras la emergencia extraordinaria vivida este verano con los incendios.
Armisén explicó al respecto que las diputaciones y ayuntamientos ya cuentan con parques de maquinaria, por lo que se tendrán que estudiar las necesidades de cada zona, así como el personal necesario para conducir esa maquinaria. Además, subrayó que en general las instituciones provinciales están ampliando sus servicios de extinción de incendios.
Gago añadió que la creación de estos anillos, que afectarán a todos los titulares de terrenos, públicos y privados, es una de las medidas que deben incluir los planes municipales de evacuación en situaciones de emergencia, que la Junta ayudará a redactar a los ayuntamientos con una subvención del 50 por ciento del coste, mientras la otra parte tendrá que ser sufragada por el propio consistorio o en su caso por la diputación correspondiente.
En concreto, señaló que el plan Infocal de Castilla y León identifica 714 municipios en situación de riesgo, que recordó deben contar con estos planes de prevención de acuerdo a la normativa básica de 2013. González Gago admitió que algunos pequeños ayuntamientos tienen dificultades para hacerlo, por lo que la Junta se ofrece a colaborar en un 50 por ciento de lo que cueste diseñar estos protocolos.
