La aplicación de la nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, en tramitación en las Cortes, supondrá un coste total de 14.261.686 euros al año, de ellos 13.112.678 euros corresponden a la Gerencia de Servicios Sociales y el resto a las aportaciones de las consejerías de Educación y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En este montante, se incluyen la partida actual de las actuaciones en marcha y las cantidades adicionales derivadas de las novedades que introduce la normativa remitida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Así se recoge en el segundo informe previo emitido por la Dirección General de Presupuestos, que acompaña a la memoria estimada por la Gerencia de Servicios Sociales, consultado por Ical, en el que se desglosa el coste actual de las acciones con cargo a la ley en vigor desde 2010, que asciende a 12.850.000 euros, más el gasto adicional de las nuevas medidas, estimado en 262.678 euros al año, hasta los 13,1 millones.
No obstante, la memoria económica contempla el impacto presupuestario de la entrada en vigor de la nueva ley en otras consejerías, como la de Educación, con un coste total anual de 844.100 euros, la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con otros 304.500 euros, o la batería de quince medidas de Sanidad, si bien en este caso no se cuantifican al estar en su cartera de servicios.
NUEVAS FORMAS DE AGRESIÓN
El anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, aprobado el pasado 9 de enero por el Consejo de Gobierno, tipifica nuevas formas de agresión como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden, y completa la red de atención y protección con los centros de crisis ‘Atiendo’.
Como novedades de la norma, se cuantifican la evaluación de las actuaciones desarrolladas y la investigación, el incremento de acciones en materia de sensibilización y prevención, el mayor acceso a los recursos de atención integral de las víctimas en entornos rurales y el nuevo servicio de atención en los centros, si bien están en funcionamiento y la Gerencia ha asumido su coste.
La memoria indica que se requerirá de nuevo personal para preparar las licitaciones y contratar los servicios para la realización de las evaluaciones externas y los estudios especializados y de seguimiento de su aplicación. En concreto, se prevé la creación de un puesto de trabajo con categoría de técnico superior, para lo que se recoge la partida de 48.085,41 euros.
Las novedades de la nueva ley previstas por las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Educación y de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio suman un crédito de 1.521.852 euros, según la memoria económica, de los cuales 1.520.396 euros son ayudas al cien por cien en el marco de la transferencia finalista del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
De esta manera, precisa que será la Gerencia de Servicios Sociales quien lo consigne en los futuros presupuestos, una vez que entre en vigor la nueva ley, tanto la financiación finalista como la autónoma para ejercer sus competencia en materia de lucha contra la violencia de género y atención a las víctimas.
Su aplicación tiene efectos en los ingresos de los Presupuestos de la Comunidad por la exención en el pago de la tarifa económica de los programas Madrugadores y Tardes en el cole a hijos de víctimas de violencia de género, que se cuantifican en 560.000 y 250.000 euros anuales, respectivamente, si bien ya contempladas en la ley en vigor.
