La población reclusa en las cárceles de Castilla y León vuelve a rozar los 4.000 internos tras repuntar ligeramente en 2023, en concreto el 1,5% más, en consonancia con la tendencia al alza registrada en España, donde hay 56.698 personas privadas de libertad.
Ese año se contabilizaron un total de 3.946 frente a los 3.885 registrados el año anterior, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.
Una subida a nivel autonómico que se ha sustentado en el aumento de reclusos en el penal de Dueñas (Palencia), oficialmente Centro Penitenciario La Moraleja, que pasó de 840 a 849; pero, sobre todo, en el incremento anotado en la nueva cárcel de Soria, de 184 a 281, mientras que el resto de centros registraron caídas.
En la prisión de Topas (Salamanca) se pasó de 906 a 886; en la de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), de 840 a 801; en la cárcel de Valladolid de 500 a 497; en el centro penitenciario de Burgos de 341 a 305; en el de Segovia de 296 a 255; y en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) de 90 a 72.
De los 3.946 internos que acogían los centros penitenciarios de Castilla y León en 2023, la mayoría, un total de 3.722, eran hombres. Las ocho cárceles sumaban 3.529 penados y 417 en preventivo.
Reformas en el Código Penal
Hay que remontarse a 2020 para encontrar la población reclusa más baja de los últimos años en Castilla y León con 3.262 internos, cuando diez años antes, en 2009, superaban la cifra de 7.000.
A partir de ahí, el Congreso de los Diputados aprobó dos reformas del Código Penal que provocaron una significativa y progresiva reducción del número de personas privadas de libertad.
La primera hacía referencia a las condenas a los narcotraficantes y el límite máximo de prisión pasó de nueve a seis años y esto supuso la revisión de numerosas penas y la consiguiente salida de muchos internos casi de golpe.
Igualmente, la ley introdujo la posibilidad de sustituir la prisión por la expulsión del territorio nacional, lo que también ayudó a despejar las cárceles.
El tercer motivo que justifica el descenso de la población reclusa es el aumento de las penas sustitutivas de prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad, una modalidad que ha experimentado un bum en los últimos años por las ventajas que implica tanto para los condenados como para la administración.
Pese a ello, recientemente la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha denunciado el hacinamiento en las cárceles de Castilla y León y ha asegurado que el 25% de las plazas de funcionario de prisiones permanecen sin cubrir en la comunidad. Realidades que, según han lamentado, derivan en peleas y enfrentamientos dentro de las instalaciones.
Por grupos de edad, se observa cómo en el año 2023 se concentra en los tramos de edad 31-40 años (29,8%), 41-50 (28,8%) y 51-60 (16%). Tres de cada cuatro internos penados tienen edades comprendidas entre los 31 y los 60 años. La población juvenil entre 18 y 20 años es prácticamente residual (0,8%).
Del total de internos condenados por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 17.343 (38,1%) cumplen su condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y 7.368 internos (16,2%) por delitos contra la salud pública. Ambos delitos representan el 54,3% del total de internos, cuando 20 años atrás rozaban el 80% de los casos.
El volumen de población reclusa extranjera ha aumentado en 935 internos en relación con 2022. Al finalizar 2023, representaba el 31,2% del total.
