Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León presentaron ayer una cartera de medidas para atajar por ley el problema de falta de profesionales en los puestos de difícil cobertura, que incluye plazas con incentivos económicos, actividad sanitaria compartida y jornada complementaria de guardia en un centro que no sea el de origen del facultativo.
El portavoz popular, Raúl de la Hoz, afirmó que Castilla y León será, tras la aprobación de esta norma, la comunidad con la cartera de medidas “más completa y ambiciosa” para dar una solución a los puestos de difícil cobertura y miró a otras autonomías, como Madrid, Valencia o Aragón, para resumir que se centran más en complementos retributivos, mientras que aquí se recoge la actividad de difícil prestación.
Como marco para dar respuesta a este problema nacional, señaló el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque también se refirió a otras adoptadas expresamente en la Comunidad a través de la ley de medidas de 2023, pero hasta ahora “insuficiente” por lo que se aborda con otras extraordinarias.
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, valoró que con esta PPL se dé respuesta a problemas estructurales y se desarrollen algunos puntos del acuerdo de gobierno en relación con el servicio de salud, sanidad rural o mundo rural, a la vez que puso en valor “la sintonía” de los socios ante “agoreros” que vaticinaron que tras la aprobación de los presupuestos no habría “más iniciativas” por parte de ambos.
En el caso de los incentivos económicos, están fijados ya entre 6.000 y 1.300 euros anuales para facultativos y profesional de enfermería (grupos A1 y A2) a través del decreto-ley de 28 de febrero de 2019. “Nos gustaría que fuera más ambicioso, pero hay una limitación presupuestaria”, explicó De la Hoz, que precisó que en la PPL se agrupan algunas medidas en marcha y otras nuevas.
Al respecto, recalcó que no solo se trata de incentivos económicos, sino también de los no económicos, como en el caso de la carrera profesional la valoración de haber prestado servicio durante tres años en un puesto de difícil cobertura, así como el cómputo en los procesos de selección temporal y bolsas de empleo.
Entre las medidas extraordinarias está garantizar la continuidad asistencial con lo que se declara actividades asistenciales de difícil prestación, como en el caso de guardias, atención en los centros que no pueden ser realizadas por el personal sanitario del mismo o porque el nivel de especialización requiere de profesionales de los que ni dispone un centro. Para ello se plantean guardias voluntarias en el centro que no sea el de origen del facultativo, con un complemento del 75 por ciento más que si la realiza en su servicio de nombramiento.
La norma registrada establece los criterios para la consideración de puesto de difícil cobertura, como el desfase entre la plantilla orgánica y la real del centro, las circunstancias demográficas o poblacionales del área de salud o zona básica de salud, las diferencias en los ratios de paciente por profesional respecto de la media autonómica o las necesidades adicionales de los facultativos en determinadas categorías.
Una vez conocidos los criterios, se abre el procedimiento de declaración de los puestos de difícil cobertura. El siguiente paso será prever esas plazas mediante procesos selectivos específicos por el sistema de concurso-oposición.
Así el Servicio de Salud de Castilla y León, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, podrá convocar de manera extraordinaria procesos selectivos para impulsar la incorporación urgente y permanente a estos puestos. Además, con carácter previo a esta convocatoria, se podrán realizar otras extraordinarias de movilidad voluntaria, temporal o permanente.
