El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer con los votos de PP y Vox, la nueva ley reguladora del juego y las casas de apuestas, que renueva la anterior de 1998 para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos que se han producido en estos años. La oposición optó por el ‘no’ en el caso de los socialistas y los procuradores Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, al considerar que no se protege de forma suficiente a menores y personas con adicción, mientras UPL-Soria YA y Por Ávila se abstuvieron tras no lograr introducir sus enmiendas.
En la presentación del texto, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que será “el más moderno y avanzado de España” y pidió “diálogo y consenso” para que se aprobara con el mismo apoyo que su “hermano mayor”, si bien no fue posible, ya que terminó saliendo adelante con el ‘sí’ de los dos socios, PP y Vox.
En su opinión, es “ineludible” la actualización de una norma con 26 años de vigencia, ante la necesidad de incluir nuevas medidas normativas adaptadas a la realidad. Superadas, dijo, las “retrógradas y trasnochadas teorías” de la prohibición del juego del pasado, ahora, señaló, “nadie duda de la conveniencia” de esta actividad, que consideró “socializante” y que circunscribió al tiempo de “asueto y ocio”.
Además, González Gago indicó que busca ofrecer “seguridad jurídica” a un sector que mantiene 2.000 empleos y que ofrece “importantes” ingresos tributarios a las arcas de la Comunidad. También proclamó la “permisividad cero” de la norma con el acceso de los menores, ya que señaló se intensifica el control en la entrada de los establecimientos.
También el consejero destacó que se establece un nuevo régimen de distancias que será de 300 metros, para evitar zonas de saturación, y se aumenta de 100 a 150 metros la separación con centros de enseñanzas regaladas. Además, subrayó el aumento de los controles sobre la promoción y remarcó como novedad el carácter “finalista” de las sanciones y el registro de interdicciones.
Derogar la Agenda 2030
Las Cortes aprobaron, con el voto de los grupos Popular y Vox y el rechazo de la oposición, excepto UPL-Soria Ya que se abstuvo, pedir al Gobierno que promueva la derogación de aquellas políticas de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que “perjudiquen” al sector primario.
Los ‘populares’ enmendaron tres de los seis puntos de la proposición no de ley de Vox para precisar el rechazo a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad. Sin embargo, la oposición rechazó el “negacionismo” de Vox y los acusa de ser “mayordomos” de los grandes empresarios, si bien todos coincidieron en apoyar las demandas del sector primario.
