El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registró ayer en las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2024, para su tramitación parlamentaria, y deseó que vean la luz con la “máxima participación y consenso posible” de los grupos, a los que ofreció su “colaboración y plena disposición” para que “sean una realidad”.
Carriedo presentó de nuevo las grandes cifras de la Comunidad a la prensa, tras su aprobación el jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta, con la cifra récord de 14.562,49 millones de euros y un aumento del 5,45 por ciento.
Unas cantidades que han crecido los últimos años desde la pandemia “por motivos que no se repetirán en el futuro”, dijo, para recordar que con la Covid, dejaron de estar vigentes las reglas fiscales; la UE ha inyectado fondos extraordinarios a la economía, y el alto nivel de inflación disparó la recaudación tributaria.
Así, constató el retorno a las reglas fiscales este año, con un 0,1 por ciento de déficit, que se situarán en la estabilidad presupuestaria en 2025; así como la merma de los fondos de la UE; el crecimiento y la inflación marcaran una senda para estable, lo que traerá consigo en el futuro, afirmó, una “mayor estabilidad en los ingresos y en los gastos”.
Carriedo insistió en que las cuentas son eminentemente sociales y destacó que las consejerías sociales, con 8.983 millones de gasto no financiero, movilizarán recursos equivalentes al 13 por ciento del PIB, cuando el “nivel óptimo” según varios organismos estaría en el 12 por ciento. Precisó el portavoz que la Sanidad, con 4.879 millones equivale al siete por ciento de la economía; la Educación, con 1.368, al cuatro por ciento; y Familia e Igualdad de Oportunidades, con 1.368, al dos por ciento.
El consejero defendió que se trata de unas cuentas “comprometidas” con los grandes servicios públicos y concretó que en gasto sanitario dedicarán 2.848 millones a Atención Especializada, y 1.555 a Primaria. En Educación movilizarán 2.637 millones para la escolar, la FP y las universitarias; 51 millones para gratuidad de la educación de cero a tres años; 503 para las universidades; y 25 para becas para estudiantes.
En cuanto a los servicios sociales, 553 millones van a profesionales y centros de atención social; 204 millones para atención a personas con discapacidad; y 15 para proyección y promoción de la mujer, con un aumento del 254 por ciento. En este sentido, remarcaron que las políticas frente ala violencia de género, que aparece recogida como tal en las cuentas, asumirán 14 millones, y medio millón irá para violencia intrafamiliar.
Por lo que se refiere a las inversiones, 2.273 millones (reales y operaciones de capital), 1.281 millones van para sectores económicos, 421 para agricultura; 398 para infraestructuras; 144 par investigación e innovación; 135 para industria y energía, 109 para otras actuaciones de carácter económico y 74 para comercio y turismo. Asimismo, 486 millones se gastarán en protección y promoción social y 117 en servicios de carácter general.
