El secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, anunció ayer que junto a UGT han solicitado al Gobierno, a través de su delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, que aplique el artículo 155 de la Constitución en la Comunidad y asuma las competencias de mediación de la Junta porque “se ha declarado en rebeldía” al bloquear la financiación del Serla.
Aclaró que ambas organizaciones remitieron un escrito a Sen la semana pasada para exigir la intervención del Gobierno de la Comunidad, ante la falta de financiación de la Junta al Serla, que impide a los trabajadores y empresas ejercer su derechs a la mediación, como reconoce la legislación laboral. Así, Fraile apeló a la intervención del Gobierno central para garantizar la “igualdad” de los trabajadores de Castilla y León y porque “se está cercenando” su derecho.
“La Junta por la vía de los hechos se viene declarando insumisa, en rebeldía porque no cumple con sus obligaciones, que es ejecutar la legislación laboral y cumplir con la mediación”. Recordó que hay una sentencia del Tribunal Supremo que otorga al Serla la exclusividad en esta materia en la Comunidad, tras el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) suscrito entre empresarios y sindicatos, avalado por los servicios jurídicos de la Junta, cuando el actual portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ejercía las competencias. Así, sus competencias en conflictos colectivos en Castilla y León e individuales también en Valladolid, “no pueden ser asumidas” por los Servicios de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta.
Fernando Fraile recordó que la situación generada también está en vía judicial en el TS, porque “hay una vulneración de derechos fundamentales, como es la libertad sindical y a la negociación colectiva”, ante el ataque al ASAC suscrito dentro de la autonomía de sindicatos y empresarios.
El secretario de CCOO recalcó además que llevan tiempo pidiendo la intervención del Gobierno y reseñó que gracias a la “importante colaboración” de la vicepresidenta tercera y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, y sus requerimientos, lograron que “no se liquidase” el Serla, ya que la Consejería de Empleo, y su consejero Mariano Veganzones, “se vio obligada a dar marcha atrás cuando querían extinguir el organismo”.
El secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT, Raúl Santa Eufemia, explicó que el objetivo es buscar otra alternativa más allá de las acciones jurídicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para lograr recuperar la ejecución de la mediación en la Comunidad.
