El pleno de las Cortes se cerró ayer con la aprobación del límite de gasto no financiero remitido por el Ejecutivo autonómico, que recibió los votos a favor de los socios de PP y Vox y en contra los de toda la oposición, mientras que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió que es “realista y prudente” en un momento de incertidumbre económica.
Se aprobó también, con los votos de PP y Vox, la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, con la abstención de Por Ávila y el voto en contra del resto de la oposición (PSOE, UPL-Soria YA, Podemos y Francisco Igea).
Techo de gasto 2024
Techo de gasto 2024
Fernández Carriedo criticó que el Gobierno estableció un déficit del 0,1 por ciento para las comunidades en 2024 pero se reserva para él el 97 por ciento cuando las autonomías gestionan los servicios públicos y defendió que la Junta haya esperado a conocer las cifras para tener unas cuentas realistas.
Con esas premisas, el pasado 1 de febrero el Consejo de Gobierno acordó el límite de gasto no financiero, base de los Presupuestos de este año, que asciende a 12.993 millones, un 4,2 por ciento más, que se asienta en un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico del 1,7 por ciento -inferior al 2,3 por ciento de 2023 debido en parte a las exportaciones- y una tasa de paro del 9,2 por ciento en 2024.
Fernández Carriedo argumentó que el techo de gasto de este año se ve afectado por una menor llegada de fondos europeos por el avance en su ejecución, por un menor déficit permitido y por una bajada de las expectativas de ingresos. En su intervención, demandó la reforma de nuevo del modelo de financiación ante la infrafinanciación de la Comunidad de 5.137 millones durante la vigencia del actual, como reflejó el informe del Consejo de Cuentas.
Ley de apoyo
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades presentó a la cámara una ley “pionera” con la que la Comunidad -aseguró- “avanza” en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad al garantizar un proyecto de vida “digno” e “independiente”, basado en sus “preferencias” y “capacidad de decisión”. Esto, dijo, refleja el “firme compromiso” de la Junta con la mejora de la calidad de vida de este colectivo.
La norma, remarcó Isabel Blanco, ofrece una visión “innovadora” de la atención y los cuidados en la que subrayó han participado las organizaciones de la discapacidad a través de una colaboración “estrecha” y “eficaz”, que dijo determina también la forma en la que se prestan servicios en la Comunidad.
