La Junta de Castilla y León ha destinado 2,5 millones de euros, gracias a la cofinanciación de la Unión Europea, en la última convocatoria para financiar las 139 acciones formativas de los itinerarios integrados y personalizados de inserción laboral, que beneficiarán a 2.224 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. De esta manera, se busca que el colectivo de personas en riesgo de exclusión o con escasos recursos mejore sus condiciones de vida a través de la consecución de un empleo.
Desde 2018, la Junta convoca estas subvenciones para entidades del Tercer Sector que promuevan estas acciones por un importe total de 10,7 millones de euros, a través de las cuales se han impulsado 605 cursos para 8.470 personas. Entre ese dinero, están los 72.000 euros destinados a la Fundación Red Íncola, que presta dos itinerarios de empleo como la formación en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia y otro sobre operaciones de grabación y tratamiento de datos.
Ayer, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitó esta entidad en Valladolid y conocer los resultados de los itinerarios que impartió el año pasado. No en vano, la mitad de los 73 asistentes a los cursos de Red Íncola en 2023 encontró un empleo y, hoy en día, continúan trabajando. Un porcentaje que asciende al 55 por ciento cuando se trata de la formación en atención sociosanitaria. En total, las instalaciones de la organización desarrollan ahora cuatro acciones de orientación laboral de las 139 aprobadas en la última convocatoria.
La Renta Garantizada
La consejera recordó que la renta garantizada de ciudadanía es una pieza esencial del sistema de protección autonómico, que busca la reintegración social. Se trata de la renta mínima otorgada por la Comunidad para aquellas personas sin empleo que cumplan una serie de requisitos, como el hecho de que los menores a su cargo cursen la enseñanza obligatoria, que estén inscritas como demandantes de empleo o que participen en las acciones formativas que se programen y no rechacen ofertas de trabajo. El pasado año fueron 3.700 los beneficiarios. “Los Servicios Sociales son la puerta de entrada pero también la puerta de salida para lograr la normalización”, aseveró.
En este sentido, Isabel Blanco contrapuso lo que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado, cuya concesión no está ligada a los requisitos de formarse, buscar empleo o luchar contra el absentismo escolar. Un IMV que, en la actualidad, solo perciben 7.000 castellanos y leoneses frente a los 21.000 solicitantes. Por lo tanto, precisó que esta ayuda del Ministerio solo la cobra un tercio de las personas que lo ha demandado. Además, reiteró la demanda del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que el Gobierno de España transfiera la competencia del Ingreso Mínimo Vital a Castilla y León para su gestión, al igual que ocurre en el País Vasco y Navarra.
