El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presenta mañana en las Cortes el ‘Análisis de la gestión del programa presupuestario Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021’, en el que se recoge que la Comunidad necesita al menos 395 millones más al año para financiar sus servicios públicos.
Según el informe de este documento, Castilla y León tiene una infrafinanciación anual que asciende a la cantidad mencionada y de 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021, que en la práctica supone que un 6%de promedio de gasto social no esté cubierto.
En concreto, el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones. No obstante, sí se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 ante la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones, que en promedio supone esa infrafinanciación de 395 millones anuales.
Por su parte, el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021. Así es la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28%.
Entre sus recomendaciones, pide a la Junta y grupos parlamentarios que, para corregir ese déficit, promuevan en una revisión del sistema de financiación que se ponderen las variables no poblacionales, como contempla el Estatuto de Autonomías.
Se refiere el informe a que los retos demográficos, como la baja densidad o el envejecimiento, no están contempladas como tales entre las variables poblacionales del actual modelo, lo cual no atiende a lo dispuesto en el artículo 83.6 del Estatuto de Autonomía. Es por lo que el Consejo de Cuentas recomienda a la Junta y a los grupos parlamentarios que, en la revisión del sistema, hagan valer su acuerdo de comunidad para que se ponderen en mayor medida las singularidades de Castilla y León.
