La Junta de Castilla y León será “muy beligerante” en defensa de las 138 empresas de Cataluña que cambiaron su sede social a esta comunidad a raíz del conocido como procés de los partidos indepedentistas ante la petición de Junts al Gobierno de compensar con incentivos a esas compañías para que regresen a su territorio de origen.
Así lo manifestó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de este año en el que aseguró que no van “a permitir que se amenace a las empresas” para que regresen a su comunidad.
Fernández Carriedo manifestó que estas empresas -instaladas entre 2017 y el último trimestre de 2023- “desean” seguir en Castilla y León y defendió que esta comunidad tiene “un Gobierno amable” con las inversiones, para señalar su defensa tanto en el ámbito de la promoción económica como en el jurídico, si hubiera “un perjuicio a los intereses de éstas y de sus trabajadores.
“No nos vamos a quedar callados”, advirtió el consejero portavoz, sobre el impacto que pueda tener la petición del partido liderado por Carles Puigdemont al Gobierno para mantener el apoyo dado en la investidura de Pedro Sánchez y que ayer se materializó en que los diputados de Junts no votaran para que dos de los decretos salieran adelante. En relación al perfil de estas empresas, precisó que es “diverso” y manifestó que la Junta “no pone pegas ni pregunta el motivo” del cambio de domicilio social de una empresa.
No obstante, afirmó que desconocen lo que ha pactado Pedro Sánchez con Junts, motivo por el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó ayer, de nuevo, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para recibir la información y ver como afecta al resto de comunidades lo que se haya acordado con los independentistas catalanes.
Por otro lado, calificó de “injusto” que los independentistas incidan en las balanzas fiscales y remarcó que los impuestos los pagan los ciudadanos en función de su capacidad contributiva y los servicios se reciben conforme a las necesidades.
En este punto, el portavoz de la Junta rechazó la petición de Junts y recalcó que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios, si bien insistió en conocer con transparencia lo que se ha pactado con la formación independentista y como puede afectar al resto de comunidades.
prioridades y reclamaciones
El consejero detalló además en la rueda de prensa las diez prioridades que se marca la Junta de Castilla y León,centradas en la calidad de los servicios públicos, el crecimiento económico y del empleo de calidad y la mejora de las condiciones de vida en el medio rural, además de seis reclamaciones al Gobierno central para este año 2024, cuando se entra en el ecuador de la actual legislatura.
Así, el decálogo desglosado por el portavoz pasa por abordar una cuarta rebaja fiscal, desarrollar los planes de empleo de autónomos y economía social, llegar a 8,2 millones de metros cuadrados de suelo industrial, invertir en redes de calor renovables con una inversión prevista de 160 millones y la resolución de las ayudas al relevo generacional en el campo. También, iniciar el plan de construcción de balsas ante la sequía, ampliar la educación en el tramo de 0-1 años el próximo curso.
