El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido un estudio al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que zonas que no estén por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (las predeterminadas por la UE), y sufran una “pérdida demográfica continuada” en el tiempo, puedan beneficiarse de las ayudas al funcionamiento como Soria, es decir, de una rebaja a las empresas de los costes de laborales.
Carriedo recordó que es el ministerio de José Manuel Albares el que tiene que negociar cuando se abre la ventana de la UE, y aclaró que solicitó una reunión con sus responsables para explicar el posicionamiento de la Comunidad en este informe.
Estas zonas no predeterminadas con problemas demográficos, dijo, “aconsejarían medidas con tratamiento diferencial costes en la Seguridad Social”, y recordó que “parecía imposible lograrlo para Soria”, pero lo hicieron, por lo que darán “la batalla”. El Gobierno, dijo, no les ha contestado a su petición de reunión, aunque espera que lo hagan, porque ha tomado posesión recientemente.
Otro objetivo para el encuentro, más allá de la extensión de las ayudas, será que se alcancen todas las potencialidades de estos apoyos, como que se permita un 20 por ciento de rebaja en los costes laborales, no solo sobre la Seguridad Social, y para todas las empresas.
Cariedo recordó por último, que este logro corresponde a los presidentes autonómicos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, que tuvieron reuniones con comisarios europeos y técnicas en Europa, que permitieron elevar el rango de estos apoyos a zonas desde menos de 8,5 a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Por otra parte, más allá de las ayudas al funcionamiento, el consejero avanzó que seguirán demandando al Gobierno una “política fiscal favorable”. “Hemos trasladado al Gobierno que podía haber una fiscalidad diferenciada en forma de beneficios o ventajas fiscales específicas en los impuestos nacionales”, dijo.
Carlos Fernández Carriedo recordó que la Junta es una de las tres autonomías que tiene costes fiscales diferenciados para el mundo rural, como en natalidad, con un 40 por ciento más de incremento en los beneficios, o en adquisición de vivienda en los pueblos.
Así, insistió en que más allá de las ayudas al funcionamiento (rebaja de los costes laborales) que permitió la UE, para Soria, el Ejecutivo debería plantearse una política fiscal favorable para le mundo rural, cuya primera experiencia abordó el gobierno de Mariano Rajoy, dijo, cuando extendió la tarifa plana para autónomos más tiempo para aquellos establecidos en municipios de menos de 5.000 habitantes. “Hay muchos ámbitos a los que trasladarlo”.
