La Junta de Castilla y León y la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero han suscrito este jueves en Valladolid un convenio para unificar sus registros de parcelas con el fin de “hacer la vida más fácil” a los productores.
Son palabras del vicepresidente del gobierno autonómico, Juan García-Gallardo, minutos antes de la firma y el acto al que han asistido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el presidente de la DO, Enrique Pascual.
García-Gallardo ha explicado que el objetivo “es simplificar los trámites burocráticos que tienen que llevar a cabo los viticultores de Ribera del Duero y unificar el registro de las parcelas que existe” dividido entre el del Consejo Regulador y el de la administración autonómica, donde a veces figuraban “datos distintos”.
Con este convenio los viticultores sólo tendrán que hacer un trámite, que además podrá ser telemático, todo lo cual ofrece más seguridad jurídica a los 7.500 productores de esta DO, aunque ha anunciado que en el futuro también se unificarán “las declaraciones de cosecha”.
“Lo que queremos es que los viticultores se dediquen menos a hacer papeles y más a seguir haciendo los grandes vinos de calidad”, ha subrayado antes de anunciar la intención de extender esta reducción burocrática a otras DO de la comunidad autónomica, que afectaría a los 18.000 viticultores. “Queremos hacerles a todos la vida más fácil y creo que ese es el camino, una administración facilitadora en lugar de una que pone cada vez más palos en las ruedas como vemos en otras ocasiones”, ha afirmado.
Por su parte, el presidente de la DO Ribera de Duero, Enrique Pascual, ha calificado este acuerdo como “importante” y señalado que alcanzar este pacto “ha sido más difícil de lo que muchos piensan”, aunque lo ha valorado como “el principio de lo que luego va a venir”. “Si lo hacemos todo mucho más fácil creo que será en beneficio de nuestros viticultores y bodegueros, que se tienen que dedicar a trabajar la bodega y a trabajar el campo, en vez de regalarle tantísimos papeles innecesarios”, ha reprochado.
Simplificación administrativa
El vicepresidente de la Junta, por otra parte, ha anunciado que el ejecutivo autonómico impulsará 16 de las 48 medidas de simplificación administrativa que le planteó la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León el pasado mes de marzo, tras la reunión de la comisión de simplificación administrativa que se ha celebrado este jueves. “Son 16 medidas que afectan a distintas consejerías como la de Economía, la de Agricultura o la de Medio ambiente, o a varias de ellas”, ha explicado al señalar que en la mayoría de los casos se sustituyen trámites de autorización por parte de la administración por “una comunicación o una declaración responsable”.
Ha enumerado algunos casos concretos, como las instalaciones de fabricación de motores y de vehículos o la autorización de cotos de caza con fines no económicos, y ha destacado que estos “primeros pasos” en la reducción de trabas administrativas responde al compromiso que la Junta adquirió al inicio de la legislatura.
“Espero que en 2024, el 2025 y los que estén por venir nos sirvan para seguir avanzando en esta materia de hacer la vida más fácil a los ciudadanos de Castilla y León y también a los empresarios”, ha concluido.
