El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, trasladó ayer al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que su sensación es que “los temas vitales para la financiación de las regiones y para la financiación de los servicios públicos no se están hablando ni negociando en el seno de este Consejo, sino que se están negociando fuera”. “La sensación es que si el Gobierno pudiera, prescindiría de contar con los órganos multilaterales y lo resolvería negociando con sus socios”, sentenció.
Carriedo, salió así “muy preocupado”. Y es que uno de sus objetivos era pedir “explicaciones al Gobierno porque vemos noticias en la prensa, vemos acuerdos entre el Gobierno y algunos partidos separatistas”, según comentaba a su llegada al Ministerio. Sin embargo, a su salida reconocía que esas informaciones “que hemos solicitado, no se nos han aportado”.
“La sensación es de mucha preocupación, porque hemos querido hablar de financiación autonómica y del trato favorable a algunas comunidades en algunos acuerdos, y sin embargo no se ha hablado de eso”, detalló Carriedo.
“Quizá por ello quienes están negociando fuera de este Consejo no han querido asistir a esta reunión”, apuntó en referencia a la Generalitat de Cataluña, que no envió a su consejera, Natalia Mas, y en su lugar mandó al secretario general del departamento, Josep María Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols.
“Luego se nos quieren imponer las resoluciones al resto de las comunidades”, enfatizó el consejero castellano y leonés, que insistió en que la Junta quiere “participar en las negociaciones”, como el resto de las autonomías. “Estamos pidiendo básicamente un trato de igualdad, una negociación entre todos, que lo que importa a todos se decida entre todos. En definitiva, que ningún ciudadano sea más o sea menos por la comunidad autónoma en la que resida”, concluyó Carriedo.
El Ministerio de Hacienda fijó el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en 2024 en el 0,1 por ciento del PIB y las regiones recibirán el próximo año los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, un 14,9 por ciento más respecto a 2023. Estas cifras se las comunicó la ministra del ramo, María Jesús Montero, a los consejeros que acudieron a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Carriedo comentó, que la comunicación del déficit durante la reunión y de las entregas a cuenta, constituyen una parte “muy pequeña” dentro del “problema básico que tienen las autonomías”, que es el “conjunto del modelo”. “Nos planteó que votásemos un escenario sin hablar de financiación, cuando se ha firmado hablar de una financiación singular para Cataluña, que ni siquiera ha acudido a la reunión con su consejera”, lamentó.
El consejero insistió en que “hay un montón de temas que nos afectan y no sabemos cómo van a quedar” y por eso, “14 autonomías hemos votado que no, por falta de información y un análisis global”.
Carriedo se refirió al incremento previsto de las entregas a cuenta del 15 por ciento y remachó que se trata de un dato aislado de un solo año, resultado de la subida de la inflación y su impacto en la recaudación, al igual que la liquidación del modelo de 2022. “Desgraciadamente, no tendrá continuidad en el futuro”, dijo.
El reto, apeló, es que “no se negocie solo con una autonomía” y luego “se extrapole al resto” y “garantizar unos servicios públicos de calidad para todos” y nada se ha hablado, constató, de los 15.000 millones de condonación de deuda a Cataluña ni de su impacto en el modelo.
