El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2023 con un total de 2.970 plazas, de ellas 2.670 de nuevo ingreso y turno libre, un nueve por ciento más que el pasado año, y 294 de promoción interna en la Administración General. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que están centradas en la Sanidad, Educación y cuidado del medio ambiente.
De las plazas de nuevo ingreso que se convocarán, 1.079 corresponden a la Administración General, 582 de las cuales son de personal funcionario y 497 son de personal laboral. Además, se contempla la convocatoria de 870 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (Sacyl), y 727 de docentes -301 correspondientes al cuerpo de maestros y 426 al resto de cuerpos.
En los procesos selectivos se reservará el diez por ciento del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad. Además, las plazas de las ofertas de 2021 y 2022 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria correspondiente a la presente oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala y, en su caso, especialidad o categoría profesional.
La Junta destacó en esta OPE las 870 plazas de nuevo ingreso reservadas a personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), 302 más que en 2022, lo cual supone un incremento de más del 53 por ciento, respecto a las ofertadas el año pasado. Entre estas plazas destacan las 300 de enfermero, las 200 de medicina familiar y comunitaria, las 150 de auxiliar de enfermería y las 70 de celador.
Con el objetivo de dar prioridad a sectores como son los de carácter prestacional, se incluyen dentro de esta relación 108 plazas de funcionarios sanitarios. Además, en la Gerencia de Servicios Sociales, se incorporan 12 plazas de enfermeros, 47 de técnicos de atención directa al menor y 35 de técnicos de apoyo al menor. En la relación de plazas de funcionario docente no universitario, se prevé la oferta de 727 plazas: 301 de maestros y 426 del resto de cuerpos.
También, se introducen las plazas relacionadas con la protección del medio ambiente: 50 de ingenieros técnicos forestales, 40 de agentes medioambientales, 30 de celadores de medio ambiente, 29 de operadores de centro de mando, 50 de vigilantes de incendios y 40 de peones de montes y extinción.
Finalmente, la Junta sostuvo que esta oferta de empleo público representa una “oportunidad” para impulsar el “rejuvenecimiento” de la plantilla de la Administración autonómica, al mismo tiempo que destacó se siguen desarrollando los procesos de estabilización del personal.
actuaciones de urgencia
El Consejo aprobó la propuesta de la Consejería de la Presidencia por la cual se conceden ayudas por un valor total de 3,28 millones de euros a 66 municipios para acometer diferentes actuaciones de carácter urgente, singular y excepcional. Engloban diversas intervenciones municipales como la pavimentación y el arreglo de calles, o el acondicionamiento de redes de saneamiento y de abastecimiento, así como la construcción y la rehabilitación de instalaciones municipales, la renovación de alumbrados públicos, o diferentes proyectos relacionados con la eficiencia energética, entre otros trabajos.
Los diferentes ayuntamientos aportarán para la acometida de estas obras más de 712.000 euros, lo que eleva la inversión total a más de cuatro millones de euros para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios.
La cuantía de cada aportación de fondos a cada ayuntamiento sigue los criterios ordinarios de la financiación local. Sin embargo, existen entre estas inversiones algunas actuaciones llevadas a cabo por situaciones de excepcionalidad que requieren una aportación mayor. Es el caso, por ejemplo, de la subvención otorgada al municipio de El Espinar (Segovia), de 350.000 euros, para el arreglo de calles e instalaciones que resultaron dañadas durante el temporal y que requieren de una intervención a gran escala y de forma perentoria. Es un caso similar al de Benavente (Zamora), donde la Junta invertirá 150.000 euros para el arreglo de dos calles céntricas y muy transitadas de la localidad que recientemente han acusado un gran desgaste.
Las ayudas corren a cargo de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia. Mediante dicha línea, esta Consejería ha aportado a lo largo de 2023 más de 109 millones de euros en inversiones en los municipios de Castilla y León, un 31 por ciento más que en 2022.
Líneas de autobús
Se aprobó ayer un anticipo de 9,6 millones de euros a las empresas concesionarias del transporte de viajeros por carretera, correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, para cubrir el déficit de explotación. Con ello, la Junta habrá destinado en el presente ejercicio más de 40 millones de euros al mantenimiento de este servicio público “esencial” y de los empleos de las 123 empresas que prestan las 240 concesiones administrativas que componen el actual modelo.
El primero de los anticipos fue aprobado en diciembre del pasado año por un importe de cinco millones de euros, destinados a las operadoras con un déficit superior a los 500.000 euros al cierre del 2022. El segundo, por la misma cuantía, fue autorizado en abril de 2023 y dirigido al resto de concesionarias.
Castilla y León quiere tratar la infrafinanciación en el CPFF
La Junta de Castilla y León quiere que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para el próximo lunes, aborde la infrafinanciación en la prestación de los servicios públicos y no la condonación de deuda a Cataluña o al resto de comunidades, porque ese no es “un problema acuciante” en este territorio.
Así lo expresó Carlos Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que informó de la reunión el lunes, 11 de diciembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne al Gobierno y comunidades autónomas.
Aunque afirmó que el orden del día es de trámite y solo se incluye el reparto del déficit público para el Estado (2,9 por ciento) y las autonomías (0,1 por ciento), Fernández Carriedo confió en que, en el turno de ruegos y preguntas, se aclaren algunos asuntos que permitan no solo presentar las cuentas del próximo ejercicio, sino tener “la información privilegiada” de otras comunidades, en referencia a Cataluña.
