Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una proposición de ley para bonificar el 95 por ciento de las tasas del servicio veterinario durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, y la prórroga durante otros dos de la exención de las tasas por las licencias de caza y pesca. La norma se debatió por el formato de lectura única, tras la toma en consideración de la iniciativa en el Pleno celebrado el 18 de octubre.
La ley, cuyo debate giró de nuevo en torno a la posible amnistía y la condonación del a deuda a Cataluña, fue respaldada por todo el arco parlamentario, excepto por el procurador Francisco Igea (Cs), que se abstuvo, al entender que se trata de “un regalo clientelar” a los cazadores y pescadores.
Los socios de PP y Vox, a través de los procuradores Ángeles Prieto y José Antonio Palomo, enmarcaron la iniciativa en el respaldo permanente al mundo rural, mientras que la socialista Rosa Rubio, que votó a favor, dudó de que sea así y apuntó a “la demagogia” y a “pescar votos” entre agricultores y ganaderos.
La proposición de ley recoge la bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios hasta el 31 de diciembre de 2025, ya que en la ley de medidas tributarias de diciembre de 2022 la exención fue de tres meses, por lo que cumplió su vigencia en marzo.
Se incluye una disposición adicional por la que se prorroga a los ejercicios 2024 y 2025 la bonificación sobre la cuota de las tasas por las licencias de caza de la clase A y B y por la licencia de pesca prevista en la Disposición Adicional Primera de la Ley de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León.
Regadíos
Las Cortes además aprobaron, con los votos a favor de PP y Vox, que inste a la Junta a expresar al Gobierno de España en funciones la oposición a que, “en ningún caso”, ni en virtud del acuerdo entre PSOE y Sumar, “se limite en España el crecimiento de los regadíos a que existan nuevos recursos procedentes de la reutilización de aguas residuales en las zonas costeras o la desalación, ni a que se dediquen estos prioritariamente a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados, por ser todo ello extraordinariamente lesivo para los intereses de la agricultura y del desarrollo rural de Castilla y León”.
El procurador ‘popular’ Óscar Reguera argumentó esta proposición no de ley, sobre la que dijo que es “falso que no haya agua, lo que pasa es que no hay cuando se necesita, porque no se ha desarrollado con valentía y decisión política el almacenamiento de reservas y regulando sus usos”. “El Gobierno está haciendo caso omiso a este problema y está destruyendo presas y embalses en España, pero no creando nuevas capacidades. Nos condena a la escasez y reserva hídrica. Una prueba más del fundamentalismo de lo verde”, criticó.
El acuerdo de Gobierno “limita el crecimiento de los regadíos, salvo cuando existan nuevos recursos procedente de la reutilización de aguas residuales en zonas costeras”. “Castilla y León no tiene ni costas ni agua salada, así que adiós regadío. Con esto, demuestran que el campo y el desarrollo de los pueblos les importa un bledo”, afeó Reguera, quien acusó al PSOE de “querer que los ciudadanos se traguen medias verdades en el sentido de que no hay más agua porque no llueve”.
Impacto en el sector cárnico
Las Cortes pidieron, sin ningún voto en contra y con la abstención socialista, la realización de un estudio previo por parte de la Comisión Europea sobre el impacto en el sector cárnico y en los consumidores de la revisión de la norma de bienestar animal, como planteó Vox en una proposición no de ley.
En la propuesta de resolución aprobada, se insta a mantener una postura que evite crear situaciones que coloquen al sector ganadero español, y en concreto al de Castilla y León, en una situación de pérdida de competitividad frente a productores de países terceros mediante la imposición de nuevos costes derivados de la transición ecológica y las políticas de bienestar animal.
