La empresa nacional pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos SA) ha asumido este miércoles la titularidad de la central nuclear de Santa María de Garoña de manos de su hasta ahora propietaria, Nuclenor, para iniciar un proceso de desmantelamiento “irreversible”, ha explicado el presidente de Enresa, José Luis Navarro.
Navarro ha insistido, en respuesta a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, que Enresa “no entra en temas de políticas energéticas, sino que se limita a seguir las instrucciones”.
El presidente de Enresa ha explicado que el cierre de Santa María de Garoña ya se produjo en diciembre de 2012 cuando paró su actividad y se confirmó en agosto de 2017 con la orden definitiva de cese.
Además, ha añadido que no hay ninguna normativa que prevea la suspensión del proceso de desmantelamiento que ahora se inicia en la central nuclear burgalesa, por lo que “eso no es posible”.
Navarro ha explicado que se trata de un proceso complejo, que se realizará en dos fases, tendrá un coste de 475 millones y se financiará con las tasas específicas que pagan las empreas energéticas para este tipo de tareas. A esa cantidad habrá que sumar otra que aún no está cerrada pero que estima en no menos de 150 millones de euros, correspondiente a la retirada del combustible gastado de la piscina de la planta nuclear.
Dicho combustible se depositará en un almacen temporal indivualuzado (ATI), ya construido que en el propio complejo.
En esa instalación se depositarán 49 contenedores de combustible gastado y, prácticamente al filo del final del proceso de desamantelamiento, otros 5 o 6 contenedores de residuos especiales.
Se trata de contenedores con material nuclear de alta actividad que se van a depositar en el ATI durante un tiempo que no está precisado porque dependería de la solución que pueda arbitrar en un futuro plan de residuos.
En este momento la previsión indicaría el paso de ese almacén temporal a un almacén geológico profundo, que no podría estar listo antes de 2073.
Navarro ha indicado que esas fechas podrían acortarse en el caso de que se opte por el paso previo a un almacén temporal centralizado, que haría de fase intermedia.
Dos fases y 10 años
En cuanto al desmantelamiento, el presidente de Enresa ha apuntado que en su primera fase se centrará en la retirada del combustible de la piscina y la reconversión del edificio de turbinas en una planta de tratamiento, lo que estaría culminado para el año 2026.
Quedarían otros siete años para completar la segunda fase y terminar el proceso con la devolución de los terrenos ya descontaminados a Nuclenor, que podría decidir sobre su uso futuro.
Durante ese proceso, sobre todo en la primera fase, se espera que haya una media de 350 trabajadores, que incluirán que a 30 personas de la plantilla de Enresa y 70 de Nuclenor.
A ellos se sumarán diversas contratas que irán variando en función de las necesidades.
Navarro ha insistido en la experiencia de Enresa, que ya ha trabajado en el desmantelamiento parcial de la central nuclear de Vandellós I.
