La Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León contará con un presupuesto de en torno a 420,1 millones de euros, frente a los 330,6 del modelo actual, una diferencia de casi 90 millones de euros con la que se adaptarán los ratios de personal de atención directa y personal técnico, previstos en el Acuerdo del Consejo Territorial, y que entrarán en vigor el 1 de enero de año que viene.

Además, prevé realizar obras en los centros propios para finalizar el proceso de implantación de unidades de convivencia por importe de 65 millones, así como actuaciones de formación del personal por un importe de 445.000 euros, según el borrador de la norma al que ha tenido acceso Ical. Igualmente, podría elevarse la cantidad en otros 24,1 millones “siempre que la Administración asuma el incremento de la prestación económica vinculada al servicio”.

La Junta esgrime en el informe económico de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda que los ratios de personal mínimos de personal de atención directa y técnico se cumple en los centros propios, donde son “superiores a los exigidos”, mientras que en los restantes, aboga, “será necesario adaptar los ratios reales a las exigidas, que atendiendo al número de plazas la Gerencia estima en un incremento de 24,1 millones de euros”. En la actualidad, más del 60 por ciento de los centros para personas mayores y con discapacidad están ocupados por residentes con un grado de dependencia 2 y 3.

El aumento de coste del modelo de atención residencial, estimado en 89,6 millones de euros al año, se asumirá, de acuerdo con la Memoria y su ampliación posterior, con los recursos estatales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las disponibilidades presupuestarias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

OBSERVACIONES “SUSTANTIVAS”

El dictamen sobre la norma elaborado por el Consejo Consultivo aconseja recoger en la futura ley una mención a los usuarios que no tengan discapacidad o estén en riesgo o situación de dependencia ya que, según el texto elaborado por la institución propia, el artículo 1 de la norma “parece excluir de su ámbito de aplicación a las personas mayores que necesitan atención residencial para este tipo de cuidados, pero que no se encuentran en alguna de las figuras anteriores”.

El documento incluye cuatro observaciones de carácter “sustantivo” al anteproyecto de la Consejería, que deberán ser atendidas para poder utilizar la fórmula “de acuerdo con el dictamen (preceptivo) del Consejo Consultivo”, cuyo Pleno emitido por unanimidad de sus miembros.

Además, el Consejo recomienda, entre otras peticiones, que se regule “de forma completa y detallada” el procedimiento para utilizar por parte de los centros de un dispositivo de sujeción física. Asimismo, deben determinarse, añade, los plazos procesales y quién es el competente para iniciar, tramitar y resolver el citado procedimiento.

Considera conveniente, por otro lado, regular la autorización de centros de servicios sociales para cuidados de larga duración.