Las seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, acusados de estafar a más de 7.000 personas mediante la realización de cursos de formación de fitosanitarios, reconocieron ayer los hechos en la Audiencia Provincial de León, donde llegaron a un acuerdo entre las partes por el que se tendrán que enfrentar a penas de entre 24 y seis meses de prisión.
El juicio por la conocida como Operación Fito se iniciaba en la mañana de ayer para juzgar los hechos que se remontan al año 2015, cuando los acusados, encargados de tres empresas, programaban cursos de formación para la obtención del carnet de manipulación de fitosanitarios en la localidad de Villafranca del Bierzo, por los que cobraban entre 100 y 150 euros a personas que en su mayoría procedían de Galicia y a los que hacían creer que necesitaban dicho carnet cuando no era así.
La previsión era que las sesiones se prolongaran hasta el jueves de esta misma semana. Sin embargo, minutos antes de comenzar la sesión, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad, mediante el que el Ministerio Fiscal aplicó a la petición de condena los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación de daños, debido a que “la causa estuvo paralizada de forma ajena a la voluntad de las partes desde diciembre 2018 hasta abril 2023”, así como que los acusados “ya han pagado parte de las indemnizaciones pedidas”.
Así, la Fiscalía solicitó penas de prisión que oscilan entre los 24 y los seis meses de prisión por un delito continuado de estafa en su variante de delito de masa junto con un delito continuado de falsedad en documento. Además, se mostró a favor de la suspensión de las penas de prisión impuestas a los acusados.
En cuanto a la responsabilidad civil solicitada, mediante la que los acusados debían indemnizar alumnos correspondientes por el 25 por ciento de las cantidades abonadas, todos ellos ya han pagado una parte, de manera que tendrán que hacer frente al restante. Por su parte, la Xunta de Galicia deberá declarar nulos todos los títulos emitidos relacionados con el caso.
La trama se destapó en el año 2016 gracias a una operación coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada y que contó con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.
A raíz de la información y colaboración facilitada por el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León donde se ponía de manifiesto presuntas irregularidades en la realización de cursos de formación de fitosanitarios para la obtención del carnet, se inició una investigación e inspección de varios de los cursos que se estaban llevando a cabo.
