El grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición no de Ley para su debate en el próximo Pleno con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas de la ocupación, en la que incluye medidas como ayudas, apoyo jurídico y convenios con las compañías de suministros energéticos y de agua en beneficio de los afectados por el delito de usurpación.
Según la formación verde, la ocupación de viviendas constituye un grave problema en España que evidencia la desprotección que sufre el propietario inmobiliario debido al fracaso de las políticas públicas. “No se ha conseguido implementar medidas efectivas para luchar contra esta lacra, principalmente debido a la tolerancia con la denominada ‘okupación’ y sus actos de expolio por parte de la izquierda, lo que se ha traducido en la insuficiencia de instrumentos legales para que la Administración de Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan proteger eficazmente a los propietarios”.
A su vez, Vox argumenta que un Estado de Derecho no debe permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales, se apoderen de lo que no les pertenece y afirma que esta “situación de desprotección y de vulneración de los derechos de los propietarios es la que se vive actualmente en España”.
Recalca que con 17.274 denuncias por usurpación en 2021, algo más de 47 viviendas usurpadas por día, la situación es muy grave en lugares como Barcelona, con 5.483 ocupaciones o Madrid (1.660). En Castilla y León la situación, de momento, no ha llegado hasta estos niveles de gravedad, con 239 casos, aunque sí se detecta una subida de un 62,6 por ciento en los datos acumulados entre 2020 y 2021 que muestran un incremento importante en la tendencia de este hecho delictivo.
En la moción se pide instar al Gobierno a modificar el Código Penal con la finalidad de endurecer las penas para el delito de usurpación establecido en el artículo 245 y que se tipifique la comisión de este delito por bandas organizadas. Además, también se reclama dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar inmuebles ocupados.
