La Junta de Castilla y León anticipará a junio el inicio del período de riesgo alto de incendios forestales que tendrá además una duración de “cuatro meses alargados”, de forma que podría llegar incluso a octubre. Además, en este momento cuenta con un operativo formado en total por 1.746 personas con 130 motobombas, que desde abril tendrá un segundo turno, 62 cuadrillas terrestres, la totalidad de las helitransportadas y siete equipos de maquinaria pesada.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ofreció estos datos en una comparecencia en la que exigió “más acción” al Gobierno de España en cuanto al despliegue de sus medios aéreos y las normas sobre criterios y directrices y “menos críticas falsas” dentro de una operación de “propaganda” en la que incluyó a miembros del Ejecutivo central, así como a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y algún alcalde.
En ese sentido, el titular de Medio Ambiente señaló que este viernes se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la declaración de la época de peligro medio de incendios forestales en toda la Comunidad hasta el lunes 10 de abril, coincidiendo con la duración de la Semana Santa. Este año, destacó el consejero, hay más medios desplegados en esta época del año que nunca antes en virtud del acuerdo del Diálogo Social del pasado año, que se señaló han aumentado un 40 por ciento el operativo dentro de un proceso a tres años.
El titular de Medio Ambiente habló también de “mala fe” sobre las consideraciones del Gobierno en relación a la determinación del riesgo de incendios ya que aseguró la Junta utilizan índices “complejos”, frente a los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que elabora éstos en base a la previsión de temperatura y viento. Insistió en que se trata de una cuestión que deciden los “técnicos” sin criterios “políticos” y a la que se adecúan los medios desplegados con “seriedad”.
En cuanto al Plan Anual de Incendios, Suárez-Quiñones criticó la “desfachatez” del Gobierno por exigir a Castilla y León y no a otras comunidades esta programación, cuando en su opinión no ha dictado el Real Decreto de criterios y directrices, que recordó exige ser consensuado con las comunidades y debe estar acompañado del informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). Reiteró que lo aprobarán en los próximos días porque está “pendiente” de determinar “algunos flecos” sobre la inclusión o no de la guardia localizada del personal de campo.
Frente a las críticas de los sindicatos y la oposición, el consejero aseguró que desde principios de año están activadas todas las motobombas (130) -conductor y manguerista-, y en abril habrá una segunda dotación y las unidades helitransportadas, así como 57 cuadrillas de tierra, con una actividad mínima de nueve meses, llegando en algunas a los 12, así como siete bulldozer y todos los técnicos y agentes medioambientales de guardia.
Todo ello, señaló, conlleva un incremento de los trabajos preventivos y selvícolas y añadió que a medida que se amplíen se incrementará esa labor preventiva. Además, recriminó al Gobierno que con su prohibición de la caza del lobo al norte del Duero, junto con la nueva PAC, está impidiendo la actividad de la ganadería extensiva y, con ello, la limpieza de los montes.
