El Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado a la Fiscalía que adopte medidas para que se paralice el Torneo del Toro de la Vega programado para el próximo día 13 en Tordesillas (Valladolid) al entender que según sus nuevas bases reguladoras podría derivar en un delito de maltrato animal; y la Junta de Castilla y León ha defendido este jueves la legalidad de «la nueva regulación»,
A través de un comunicado de prensa, la Junta de Castilla y León ha subrayado su respeto con las decisiones que corresponda adoptar a los jueces y tribunales. Asimismo, en relación a la declaración realizada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, la Junta ha significado que es «importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho», algo que las declaraciones de la secretaria de Estado «pone en evidencia que no es así».
El escrito presentado en la Fiscalía advierte de que las nuevas bases reguladoras del torneo permiten la colocación de hasta siete divisas al toro, «unos dispositivos terminados en arpones que se utilizan y están diseñados para ser clavados en el animal».
El Ayuntamiento de Tordesillas aprobó el pasado mes de enero una modificación de la Ordenanza del Toro de la Vega que establecía un nuevo torneo, con nuevas reglas, que no finalizaba con la muerte del astado alanceado, después de que la Junta de Castilla y León aprobara en 2016 un decreto por el que se prohíbe dar muerte en público a reses de lidia en festejos populares.
El nuevo concurso, limitado a 50 participantes, consiste en la colocación de una divisa en el lomo del astado a través de una lanza, con un máximo de siete arpones en caso de que antes no haya sido declarado un vencedor, que podría ser el propio astado si, en el tiempo y espacio determinado, ningún participante ha sido capaz de prender ninguna señal.
