La normativa en la que trabajan técnicos de la Junta de Castilla y León en materia de «concordia», pactada por el PP y Vox en su acuerdo de cogobierno para modificar el marco actual trazado por el vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática, mantendrá las ayudas para la localización de fosas comunes y enterramientos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.
Así lo ha confirmado este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), al ser preguntado por los cambios que pretenden introducir respecto al Decreto actual, que tiene un «lado humano» en el que van a «seguir insistiendo», en referencia a la localización de personas asesinadas durante la guerra y la dictadura.
El también consejero ha calificado de «muy positivo desde el punto de vista humano» el hecho de que el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática haya ayudado a las familias represaliadas a localizar las fosas en las que se encuentran sus seres queridos, por lo que ha asegurado que la futura normativa «no va a restar derechos» ni a «poner en entredicho» la política de apoyo a la localización de enterramientos.
Carriedo ha defendido que, tal y como acordaron ambos socios de gobierno, la tramitación de esta normativa -no ha concretado si se tratará de un decreto o una ley- ha arrancado antes del 30 de junio y pretende «reivindicar» la «historia común» con una «perspectiva integradora» para buscar la «reconciliación» entre los ciudadanos.
«La historia de España es algo de lo que sentirnos orgullosos», ha resumido el representante de la Junta, convencido de que es necesario avanzar en la «unión, la cohesión y la concordia».
El portavoz ha defendido que esta normativa pretende evitar «dividir a los españoles», algo que en su opinión no hace la normativa que se está fraguando a nivel nacional, ya que entiende que Bildu, a cambio de comprometer su apoyo a la tramitación, está consiguiendo aplicar «su relato» de la historia, hasta el punto de extender el periodo de la Dictadura de Franco hasta el mandato de Felipe González, ha afeado.
En este sentido, Carriedo ha considerado que la normativa estatal que el Gobierno pretende modificar incluye un relato que puede resultar «ofensivo hacia las víctimas del terrorismo» y que, en su espíritu, tendrá una visión «muy distinta» a la que pretende plasmar la Junta en su futura normativa, para la que no ha dado plazos hasta conocer los avances de los técnicos, según ha explicado, aunque ha garantizado que será sometida a los habituales trámites de exposición pública para que los ciudadanos, asociaciones y administraciones puedan presentar sugerencias y propuestas de modificación.
No obstante, ha garantizado que, en caso de que las Cortes Generales aprueben la modificación de la Ley de Memoria Histórica y alguno de sus preceptos constituyan normativa básica, la Junta cumplirá aunque no le gusten algunos de sus principios.
