Los más de 77.000 dependientes que hay en Castilla y León recibirán automáticamente a partir del 1 de enero un aumento de un cuatro por ciento en su prestación económica, con el fin de compensar el aumento de la subida del coste de la vida, según ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.
En rueda de prensa tras la reunión que ha tenido con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, con la que ha firmado además un convenio de colaboración sobre los 152 millones de euros que recibirá la Comunidad entre este año y 2023 de los fondos europeos de resiliencia para «activar la economía de los cuidados«, Mañueco ha explicado que será un ingreso automático, sin necesidad de hacer nada más, a esos 77.000 dependientes.
Y ha explicado que es una medida compatible con otras como el bono energético de 130 euros que esta misma semana ha comenzado a recibir 45.000 familiar vulnerables para hacer frente al aumento del precio de la energía.
Esta subida se aplicará a los dependientes que reciben prestaciones económicas, no a los que reciben servicios.
De acuerdo a los datos facilitados por la Junta, se beneficiarán de ese incremento más de 77.000 personas –Ávila, 6.386; Burgos, 9.439; León, 15.482; Palencia, 5.267; Salamanca, 12.713; Segovia, 4.881; Soria, 2.633; Valladolid, 14.130, y Zamora, 6.777- que ya perciben la prestación de dependencia y así ayudar a que mantengan su nivel adquisitivo.
Mañueco ha explicado que se trata de una subida compatible con otras ayudas como el referido bono energético, esos 130 euros para unas 45.000 familias, lo que supondrá unos seis millones de euros para que «nadie se quede este invierno sin calefacción o luz».
El presidente de la Junta ha recordado a la ministra que su comunidad fue la primera en pedir la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que se coordina en Castilla y León con la renta garantizada de ciudadanía, aunque está enfocada a la inserción laboral y social.
Belarra ha defendido que pusieron en marcha el Ingreso Mínimo Vital en un «tiempo récord«, «generando un derecho social en el peor crisis sanitaria durante décadas«, y ha anticipado que están dialogando con las comunidades para ver la capacidad de cada una para «ir asumiendo cuotas de gestión más amplias».
En cuanto a la ley de dependencia, aunque el Gobierno central aún no cumple con la aportación del 50 por ciento, Mañueco ha «agradecido» el «esfuerzo y empujón inequívoco» dado por el Ministerio de Belarra para incrementar su aportación, a través del Plan de Choque.
El presidente de la Junta ha reclamado también a la ministra que se agilice el bono térmico estatal, que este año no se ha convocado.
«Desde mi Gobierno tenemos claro que los Servicios Sociales son una prioridad«, ha recalcado el presidente de la Junta. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tendrá en 2022 la dotación más alta de su historia, superando los 1.216 millones, con un incremento del 12,5%, lo que supone 135 millones más.
