La decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de prohibir el cultivo del chopo en terrenos de cauces naturales de agua ha provocado la creación de la plataforma ‘+Chopo ¡Sí!’, que pretende unir a entidades locales, propietarios forestales, profesionales del sector, organismos públicos, usuarios y asociaciones afectados por esta decisión.
Desde esta plataforma creada en Castilla y León consideran que esta prohibición, recogida en el Borrador del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, constituye «un agravio comparativo para el sector del chopo en esta comunidad autónoma, que perderá entre el 10 y el 30 % de las plantaciones de la cuenca con un perjuicio para el medio rural estimado en 23 millones de euros».
La plataforma está promovida por la Asociación Española de Fabricantes de Tablero Contrachapado, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España y por la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León.
Aseguran que la decisión de prohibir el cultivo en el Dominio Público Hidráulico Cartográfico «no está basada en sólidos informes técnicos, sino en una supuesta valoración a futuro de prevención de posibles riadas», un criterio que «difiere con el de otras confederaciones hidrográficas cuyo posicionamiento es completamente distinto».
Desde la plataforma aseguran que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil «lo permite» y la del Ebro «además promueve estos cultivos por su adaptación a las inundaciones y sus beneficios ambientales».
La gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, (Faccyle), Olga González, ha asegurado a Efe que «necesitamos una valoración global de la Confederación y no sólo el argumento de que caen árboles a los ríos» porque «no caen precisamente de las choperas de producción».
«Estas choperas están cuidadas y ya hemos establecido unas bandas de protección, que sólo quedan dos o tres años para que estén aplicadas a todo el territorio de Castilla y León«, ha añadido González.
González ha indicado que «no sabemos adónde quieren llegar con esta medida porque las plantaciones de chopos, además de ser un impulso social y económico para estos pueblos», suponen un beneficio ecológico porque sirven de escudo de protección frente a las inundaciones y «llevan a cabo una absorción de nitratos».
El pasado 22 de octubre, miembros de la plataforma ‘+Chopo ¡Sí!’ se reunieron con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, y la comisaria de Agua, Diana Martínez, junto a una treintena de alcaldes y presidentes de juntas vecinales de las zonas afectadas por la decisión de la CHD.
La presidenta se ha comprometido a un consenso con los afectados para que la redacción del nuevo plan hidrológico sea «aceptable por todas las partes», para lo cual se va a «establecer una línea de trabajo entre la plataforma y la confederación».
Según un comunicado, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y las Confederaciones Hidrográficas Miño-Sil y Ebro para «diseñar una normativa que permita compatibilizar la conservación de los ecosistemas fluviales con la producción forestal de chopos».
Frente a la prohibición recogida en el plan hidrológico vigente aprobado en 2016, el Organismo «flexibiliza esta limitación y establece unos criterios comunes que se incorporarán en los nuevos planes de estas cuencas 2022-2027 para homogeneizar el tratamiento de plantaciones y cultivos en toda España, siempre atendiendo a una serie de garantías ambientales».
De esta forma, «podrá considerarse un aprovechamiento racional de los usos del suelo del dominio público hidráulico que sea compatible con determinados tipos de cultivo y, por ende, con el desarrollo de la economía rural».
Según la CHD, el dominio público hidráulico «está destinado a la conservación del ecosistema fluvial y el transporte de agua y sedimentos asociados, siendo un corredor ecológico de altísima importancia».
Sin embargo, y siempre que no se interfieran estos objetivos, «se autorizarán las plantaciones productivas única y excepcionalmente en aquellos tramos de cauce donde la superficie de dominio público hidráulico sea muy superior al cauce de aguas bajas o cauce activo», señala el comunicado.
Así, «tendrán preferencia de uso los cultivos forestales frente a los agrícolas y estas autorizaciones contarán con amplias limitaciones, más aún en espacios protegidos ambientalmente de la Red Natura 2000, donde se atenderá a lo que dicte la normativa y a lo dispuesto en los planes de gestión correspondientes».
Sólo se permitirán plantaciones sobre espacios que ya las tienen y cumplen los criterios de distancias mínimas a los cauces de aguas bajas o que se transforman de suelos agrícolas a forestales, dejando libre el corredor ecológico principal del río.
Además, según la nota, deberá dejarse una banda de protección que se destinará a recuperar el ecosistema fluvial y que servirá de amortiguación de los impactos de las choperas productivas sobre el ecosistema fluvial y el régimen de corrientes, a definir por el Organismo de cuenca en función de la tipología del cauce asociada.
Por último, en ningún caso se permitirá la sustitución de bosque de ribera autóctono por cultivos o plantaciones productivas, mientras que las plantaciones deberán estar diseñadas para evitar los riesgos en los casos de inundación.
